La Tribuna

Francisco J. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Propuestas para un cambio en Andalucía

Ilustración: Rosell Ilustración: Rosell

Ilustración: Rosell

Las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de un nuevo Gobierno en Andalucía parece que avanzan, pero, a falta de que conozcamos el posible acuerdo, las ideas que se filtran a los medios de comunicación son poco precisas y no hay noticias de que se apunte hacia cambios programáticos ambiciosos. Por ello, es oportuno reflexionar sobre nuevas orientaciones en un momento tan singular, tras 36 años de presidencia socialista en la Junta de Andalucía.

El Gobierno regional no puede cambiar de la noche a la mañana la realidad socioeconómica andaluza, ni sería sensato exigirle que lo intentase, pero sí tiene la capacidad de influir significativamente en su dinámica a medio y largo si aplica un proyecto político consistente. Para ello cuenta con potentes instrumentos tanto regulatorios, como institucionales y financieros.

Dos objetivos fundamentales deberían presidir un programa político de futuro:

1) Dotar a Andalucía de mayor capacidad productiva para que pueda progresar en una sólida senda de convergencia en renta y empleo con los niveles medios españoles e incluso europeos.

2) Ofrecer a los andaluces un nuevo pacto social más inclusivo, lo que implica un marco incentivador para el desarrollo de las capacidades personales y mecanismos para revertir el aumento de las desigualdades que se vienen produciendo en los últimos años. Estos dos grandes objetivos deben perseguirse en el marco de un mundo abierto en el que la competencia internacional no permitirá que se alcancen sólo con políticas de protección y subsidios, sino sobre la base de la cualificación de los factores determinantes de la capacidad productiva, muy singularmente de los recursos humanos y del capital productivo.

Y esto nos lleva a dos políticas que deberían presidir el programa de cambio del nuevo Gobierno:

1) Formación: Que la educación es la clave para el futuro de cualquier sociedad es una convicción ampliamente compartida y sustentada en la evidencia. Entonces, ¿por qué Andalucía sigue manteniendo un sistema educativo rutinario, ocupa los últimos lugares en España y la OCDE en las competencias analizadas por los informes PISA, tiene récord en fracaso escolar, bajo gasto escolar por estudiante, carencia de profesionales bien formados en muchos sectores de actividad y un reducido número de centros educativos de excelencia? La justificación suele ser la falta de acuerdo político para reformar el sistema educativo español, pero la Junta de Andalucía tiene amplias competencias para la mejora educacional y formativa y otras comunidades autónomas parecen utilizarlas de forma más eficaz.

Como ponen de manifiesto los éxitos formativos de países tan dispares como Singapur, Finlandia o Corea del Sur, o la propia posición de algunas regiones españolas en los mencionados informes, la clave se encuentra en la aplicación de una educación de excelencia desde edades muy tempranas, impartida por profesionales de una elevada formación, atentos a la innovación y a la inserción de los jóvenes en la sociedad, incentivados por remuneraciones adecuadas y por el reconocimiento de su importante función social, y sometidos a una evaluación continua.

Por tanto, un proyecto político de cambio ambicioso debe contemplar la puesta en marcha de un programa de educación de excelencia desde los 3 años hasta la educación secundaria superior para todos los niños y jóvenes andaluces. Un programa que debe contar con financiación pública y aportación privada, esta última de forma inversamente proporcional a la renta familiar, y su materialización podría hacerse tanto en centros públicos como privados. Un programa de esta naturaleza no sólo mejoraría radicalmente la capacidad productiva de los recursos humanos, sino que sería el programa más potente imaginable de inclusión social al propiciar que los niños de cualquier nivel social puedan acceder a una educación excelente.

Adicionalmente, los jóvenes con formación de excelencia podrían seguir formándose o incorporarse al mercado de trabajo con muchas más posibilidades de encontrar empleos o iniciativas empresariales que les permitiesen responsabilizarse de sus vidas en mayor medida que los estándares habituales del presente, lo que minoraría el peso en el gasto público de las transferencias y algunos servicios públicos.

Las características de esta propuesta, que requiere entre otros factores profesores formados y centros dotados para las exigencias de una formación de excelencia, no puede concebirse como un programa a corto plazo, pero sí se puede ir debatiendo y precisando su contenido y desarrollo e incluso, dar en el próximo curso los primeros pasos La entidad de las tareas requiere que al frente de la Consejería de Educación esté una persona de alta cualificación y capacidad ejecutiva.

La segunda política que sugiero es:

Ilustración: Rosell Ilustración: Rosell

Ilustración: Rosell

2) Desarrollo del tejido productivo: En Andalucía existen empresas excelentes, tanto por su dimensión, como por su innovación, internacionalización o capacidad tractora. Pero no son las suficientes para generar la renta y el empleo que son necesarios. La política de fomento empresarial se ha basado fundamentalmente en una amplia panoplia de subvenciones y otras ayudas financieras a las empresas, pero resultan poco útiles, excepción hecha de las justificadas como retribución pública a las externalidades positivas que generan en forma de innovación o efectos de arrastre, produciendo a la larga efectos indeseados como la adicción a la protección. Por el contrario, la experiencia internacional pone de manifiesto que lo que favorece el desarrollo de un tejido productivo innovador y competitivo son los incentivos no financieros y evitar los desincentivos que algunas políticas públicas ocasionan. Los incentivos favorables se encuentran un marco de competencia empresarial estimulante, un marco regulador razonable y unas administraciones públicas colaboradoras con las empresas. Se propician en innumerables actuaciones públicas, que podemos ejemplificar con tres propuestas: la revisión y simplificación de las normas que afectan a la actividad empresarial, la eliminación de las tasas autonómicas y de las corporaciones locales que gravan el mero ejercicio de la actividad económica, y la concentración de la actividad de la agencia pública de fomento empresarial en tutorizar a los empresarios en la creación de empresas y en la ayuda a su progresión.

Para aplicar estas políticas y para realizar un cambio programático deben de abordarse de inmediato diferentes tareas, entre las que se pueden destacar:

a) Evaluar las políticas que la Junta de Andalucía ha venido aplicando para determinar su eficacia y eficiencia, pues existen suficientes indicios que sus resultados son escasos, costosos e, incluso, negativos. En cualquier caso, la evaluación de las políticas públicas por instituciones profesionales e independientes es una práctica saludable que debe practicarse como norma en el nuevo Gobierno.

b) Revisión de la pertinencia y funcionalidad de múltiples instituciones y cargos públicos. Nos referimos en particular a Canal Sur, las diputaciones provinciales, los Consejos Económico y Social, Audiovisual y Consultivo, y las múltiples empresas públicas, agencias, fundaciones, consorcios, comisiones y otras entidades públicas. Se trata de valorar los resultados que aportan y sus costes, de donde puede derivarse tanto la oportunidad de su supresión como el reajuste de sus actividades.

Por otra parte, debe tenderse a una sensible reducción de los múltiples cargos políticos en las consejerías, delegaciones provinciales y algunas de las instituciones anteriormente referidas, y a la sustitución de profesionales de la política por profesionales de la actividad correspondiente al cargo público.

c) Reforma progresiva de la administración autonómica para que preste su servicio de forma verdaderamente ágil y eficiente. Debe tenderse a una administración con funcionarios altamente cualificados en las tareas de dirección y gestión de las competencias y procesos administrativos, mientras que el resto de la administración pública debe tender a la contratación pública o a la externalización de las funciones, dentro de los límites señalados por la legislación.

Estas últimas consideraciones deben mejorar la imagen del Gobierno y de la administración regional ante los ciudadanos y, muy singularmente, han de conseguir ahorros en el gasto público que permitirán reducir la presión fiscal y/o desarrollar otras políticas.

Además de las referidas, al Gobierno regional le competen otras políticas, algunas de gran relevancia como la sanitaria, la social o la medioambiental. También para éstas el nuevo Ejecutivo deberá abordar reformas a las que no puedo referirme por falta de espacio, pero sí debo hacer algunas recomendaciones. La primera es que deben ser coherentes con los objetivos de mejora de la capacidad productiva y de inclusividad social, incentivando la responsabilidad individual. La segunda es que la medioambiental es una política de futuro imprescindible que tendrá que matizar las políticas de desarrollo, pero su ejecución no debe dificultar innecesariamente la actividad productiva. Y la tercera es que las políticas básicas del Estado de Bienestar no podrán seguir aumentando indefinidamente su peso sobre el gasto público, por lo que conviene ir abordando un sistema de copago inversamente proporcional a la renta.

En resumen, Andalucía se encuentra después de casi cuatro décadas de Gobierno socialista, ante un probable nuevo Ejecutivo con una propuesta de cambio. Esperemos que no sea solo un cambio de gobernantes, sino fundamentalmente de políticas que permitan enfrentarnos a un futuro complejo.

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