¡Vaya panorama!

Unos quieren un Estado federal; otros quieren marcharse por su cuenta. ¿Por qué no aclaran cómo? El Estado de las autonomías ha superado al Estado federal tipo -como el alemán- en competencias y en asimetrías que se adecuan mejor a la singularidad de nuestro Estado. Desde este punto de vista, plantear la conversión del Estado de las autonomías en un Estado federal es dirigirnos a un modelo de Estado que ya tenemos, pero desaparecería el artículo 150.2 de la Constitución y, como pasa en Alemania, donde el Estado de Bremen, con 600.000 habitantes, tienen las mismas competencias que el de Baviera, que cuenta con 12 millones, todas las comunidades autónomas tendrían el mismo nivel competencial.

La opción del Estado federal tendría que reformar la Constitución, pero las propuestas de reforma constitucional o se pactan con el PP o se habla por hablar.

En España, el común de los mortales desconoce la diferencia entre Estado autonómico y Estado federal. El Estado federal introduce confusión y desconocimiento, por lo tanto oscuridad. Y, para remate, el Estado federal no vende una escoba en Euskadi ni en Cataluña. Y si eso es así, ¿qué se pretende arreglar o a quién se quiere contentar con la matraca del federalismo por muy asimétrico que se quiera?

El Estado de las autonomías ha sido una gran conquista de la democracia española y especialmente del PSOE. La derecha no votó la Constitución precisamente por el Título VIII que regula la descentralización y la cesión de competencias a los distintos entes autonómicos existentes en nuestro país. Ha funcionado muy bien durante 40 años; con problemas, pero bien. Con errores, pero con muchos aciertos que han posibilitado un nivel de igualdad entre ciudadanos españoles jamás conocido en la historia de España. El abandonar su defensa, y proponer un Estado federal inconcreto e impreciso, va a significar en la práctica que se deje la defensa de la Constitución en manos de quienes no querían las autonomías, y se den todas las facilidades a quienes buscan un nuevo centralismo o un proceso confederal que haría fracasar el equilibrio del Estado de las Autonomías. La tarea que se debe acometer es la de perfeccionar el Estado de las autonomías. ¿En qué sentido? Convertir el Senado en una cámara territorial o suprimirlo. Buscar un sistema de financiación más estable y más justo incorporándolo al texto constitucional. Articular los instrumentos de cooperación y solidaridad que la propia Constitución posibilita.

Hay quien piensa que los problemas que estamos teniendo con la unidad de España son atribuibles al modelo de Estado. No es cierto. No nos engañemos. Se deben a la existencia en nuestro país de nacionalismos fuertes de reivindicaciones sucesivas sin límite que llegan hasta la independencia. Todas las cesiones, que son muchas, que se han hecho durante 40 años no han servido para integrarlos en un modelo de Estado ampliamente descentralizado pero unitario. Ningún modelo de Estado, sea el que sea, autonómico o federal, va a ser aceptado por los nacionalistas. La secesión es el único objetivo que contemplan. Si unos no definen el Estado federal resultante, los independentistas tampoco definen el escenario que resultaría de la independencia y que pasaría por un enfrentamiento grave en el territorio afectado entre unionistas y secesionistas y por la ruptura de la convivencia con la posible supresión de la cooficialidad de las lenguas y la organización de los unionistas para revertir la situación.

¿Y cuáles serían los efectos sobre la nacionalidad de los ciudadanos independizados y sus derechos?

La supuesta ruptura supondría un cambio de fronteras del Estado español que debería comunicar a la UE, a la OTAN y a todos los organismos internacionales las fronteras del nuevo Estado, lo que provocaría el cambio de los mapas y libros de enseñanza en todo el mundo. La Unión Europea se vería obligada a decidir si la región secesionista formaría o no parte de la UE. Si fuera negativa, la España resultante debería emitir su voto en el caso de que el territorio segregado solicitara su ingreso en la UE.

En consecuencia, las leyes básicas del antiguo Estado quedarían sin efecto en el territorio segregado, al igual que el Código civil, penal, mercantil, etcétera, y supondría la retirada de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional del territorio secesionista.

Y, por supuesto, todos los equipos y competidores individuales del territorio secesionista quedarían excluidos de las competiciones del Estado español y de sus selecciones nacionales.

Y, encima, algunos que se consideran dueños de España prometen fusilamientos masivos. ¡Vaya panorama!