Los andaluces ante el 1-O

Hace ya 80 años, desde el exilio, Manuel Azaña escribió que la República "no inventó el problema de Cataluña. Lo trató por métodos distintos de la Monarquía (…) Lo encontró pujante y enconado (…)". Unos métodos en cuya articulación se implicó tanto el político republicano que, como afirma García de Enterría en el imprescindible estudio preliminar de los textos de Azaña publicados en 2005 bajo el título Sobre la autonomía política de Cataluña, "cabe sin exceso atribuir personalmente a Azaña la concepción propia del sistema político español, que la Constitución de 1978, adoptando el modelo de la Constitución de 1931, generalizó ya a toda España".

Desafortunadamente, esta generalización -denominada "café para todos"- no ha sido ni mucho menos igual para todos. Solo superada por Extremadura, Andalucía permanece como la segunda comunidad autónoma con el menor PIB per cápita, 17.651 euros, un 26,4 % por debajo de la media nacional y muy lejos de Cataluña (28.590 euros) y de las CCAA privilegiadas con el régimen de concierto: País Vasco (31.805 euros) y Navarra (29.807 euros). Aunque los avances han sido sobresalientes en muchos ámbitos, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con más desempleo, la de mayor emigración por motivos laborales y una de las cuatro que menos fondos reciben por el número de habitantes, inferior a la mitad que el País Vasco. Las diferencias son también elocuentes si nos referimos a otros conceptos como la remuneración de los trabajadores o a la cuantía medía de las pensiones. ¿En qué ha quedado el art. 151 CE?

A la vista de estos datos puede afirmarse que, casi 40 años después, el entendimiento bilateralista y asimétrico del Estado de las Autonomías ha impedido corregir tanto los niveles de desigualdad territorial como la falta de convergencia en los recursos disponibles por los ciudadanos, generando paradójicamente un sentimiento de agravio no entre los más perjudicados, sino entre quienes más agradecidos deberían estar por el incumplimiento de los arts. 138.1 ("equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español") y 158.2 ("corregir desequilibrios económicos interterritoriales") de la Constitución. Antes al contrario, los partidos nacionalistas han combinado el agravio territorial -¿también un supremacismo autonómico?- y la calculada socialización disgregadora con el total menosprecio a los sacrificios realizados durante la Transición: los padres constituyentes cedieron tanto en aras del consenso que admitieron técnicas asimétricas y títulos históricos de imposible homologación por ningún Estado federal; tanto que los ciudadanos de Cataluña respaldaron la Constitución con más de un 91% de los votos, superior al resto de España.

Llegados a la actual fase de desestabilización política, dos escenarios son más que previsibles. En el ámbito estatal, parece ya inevitable que, sea cual sea el resultado de la frustrada ruptura de la legalidad, tarde o temprano asistiremos a lo que eufemísticamente se denomina como reformulación del "marco de relación con el Estado", a día de hoy una salida defendida por casi todos los grupos políticos, ya desde postulados independentistas, ya desde confusos planteamientos federalistas o plurinacionalistas. Como proponen unos y otros, esta "reformulación" sería "pactada" - ¿por quién?- e incluiría un sistema de financiación aún más ventajoso para Cataluña, en perjuicio, obviamente, de las CCAA más pobres; esto es, con detrimento de las dotaciones presupuestarias que éstas destinan a los servicios sociales, la sanidad o las oportunidades de los más desfavorecidos. De esta manera, el ataque del nacionalismo catalán contra el Estado de Derecho y al Estado democrático quedaría completado con un retroceso del Estado social y la cohesión territorial.

Ya en el ámbito andaluz, ese primer escenario provocará que los partidos tengan que retratarse acerca de una cuestión que, por sus repercusiones en la vida real de los ciudadanos, marcará la agenda electoral: el modelo de sociedad (igualitario o desigualitario). Aunque en ese proceso de estabilización habrá que hacer sacrificios y transitar hacia espacios de consenso, en este momento corresponde ineludiblemente a los órganos autonómicos delimitar el territorio del debate: o bien se asume de una vez la defensa de un sistema centrado en los derechos de las personas, humanista, bajo el fundamento de la igualdad real y la perspectiva de una progresiva convergencia social en el marco de la UE, o bien nos resignamos ante una nueva vuelta de tuerca del nacionalismo y su "derecho a decidir" sobre nuestro futuro: aprovecharse de las ventajas de la unidad de un mercado de más de 40 millones de consumidores y, al mismo tiempo, despreciar la unidad jurídica y, sobre todo, la igualdad real de las personas sea cual sea el territorio donde vivan. En una etapa sin opciones para los falsos equilibrismos, los disimulos o la inútil clonación de estatutos, nuestros representantes políticos andaluces deben liderar, ya sin complejos y con unidad, los nuevos tiempos de la igualdad real frente a los abusos históricos del nacionalismo.'