Los casos puntuales de Podemos

El Gobierno cuatripartito de España (PSOE, PSC, Podemos y Sumar) elaboró la ley llamada del sólo sí es sí sabiendo de antemano que conducía a rebajar las condenas a agresores sexuales. Se lo habían avisado distintos expertos y algunos de los ministros sabían lo suficiente de legislación para preverlo. Los autores insistieron en que su ley era benéfica porque ponía el consentimiento en el centro de la diferencia entre lo lícito y lo delictivo. Personalmente jamás me liaría con ninguna mujer que consintiese (me refiero a que solo consintiese; sin un mínimo entusiasmo por su parte, ¿para qué?). Pero eso da lo mismo. Lo importante era que el consentimiento siempre había sido la clave en los juicios de este tipo de delitos. Con ser absurdo mezclar en el mismo tipo penal los abusos con las violaciones, lo peor de esta ley era que invertía la carga de la prueba. El denunciado tenía que demostrar que no había agredido a la denunciante. Ese aspecto de la ley iba contra la tradición democrática en el Derecho Penal: nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Pero los autores incluyeron esa inversión de la prueba en su ley.

Cuando los críticos les señalaron que su ley provocaría rebajas de condenas y dejaría en indefensión a los sufridores de denuncias falsas, ellos respondieron en ambos casos que se trataba de casos puntuales. Solo unos pocos jueces, muy machistas, rebajarían las penas y solo muy pocas mujeres, posiblemente alienadas, presentarían denuncias falsas. Pues bien, lejos de ser puntuales, las rebajas de condenas se han producido en cerca de un tercio de las sentencias revisadas. Y, de todos modos, lo crucial no era si esos efectos iban a ser muy numerosos o escasos, sino si conceptualmente era admisible mezclar distintos delitos en un mismo tipo penal e invertir la carga de la prueba. En mi opinión, no lo era. Un ejemplo: ¿sería aceptable amalgamar los asesinatos con las lesiones leves en mismo tipo? ¿Y establecer que los acusados de asesinato tendrán que probar que no lo habían cometido? ¿Y responder que los condenados sin suficientes pruebas a veinte años de prisión serán solo unos pocos casos puntuales? A todas luces, no.

Bueno, pues a pesar de ese precedente, han vuelto a invertir la carga de la prueba en el caso de su ley de vivienda. Ahora resulta que va a ser el propietario de la casa el que tenga que demostrar que quien la habita injustificadamente la ha okupado. Y de nuevo los portavoces de esa ley afirman que denunciar que facilitará la ocupación es un bulo porque, ninguna sorpresa, las ocupaciones son casos puntuales. Primero: lejos de ser puntuales, las ocupaciones se cuentan por miles y su número va creciendo rápidamente. Segundo: facilitar la ocupación mediante una mezcla de exagerar los requisitos del desahucio e imprimir una suma lentitud a los procesos judiciales, conducirá a que los caseros, la inmensa mayoría pequeños propietarios de clase media, se tomen la justicia por su mano. Es cierto que en España hay un problema de vivienda, pero corresponde al Estado, no a los particulares que ya pagan impuestos, proveer un parque de viviendas sociales. En los últimos años, se han construido muy pocas, pero esa desidia de los gobernantes no puede compensarse expropiando de facto las segundas viviendas de la clase media.

Aviso: si las clases medias viesen que el Estado no protege su seguridad jurídica se inclinarían a tomarse la justicia por su mano. Si la gente detecta que el violador de su hija acaba en la calle en un plazo demasiado corto o que su hijo es condenado sin haber probado que ha violado a su vecina, se tomará la justicia por su mano. Si los pequeños propietarios detectan que no pueden recuperar sus viviendas okupadas, se tomarán la justicia por su mano. Y esa dinámica abriría la puerta al fascismo. No al de boquilla que andan pregonando los adversarios del PP y de Vox, sino el de verdad: el de los que elevan la seguridad a su primer valor. Por encima de la libertad e incluso de la riqueza. Y no serán casos puntuales.