El equipo que dirige la ministra Morant ha finalizado la redacción de su decreto sobre las universidades privadas. Se trata de la misma ministra que declaró que no iba a entrar en el debate de la “titulitis” cuando se supo que el entonces delegado del gobierno en Valencia había falsificado un título universitario que ni siquiera se impartía en la fecha señalada en el papel. Produjo tal perplejidad que una ministra de Universidades minusvalorase los títulos universitarios que incluso el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, declaró que consideraba necesario que los políticos acreditasen sus títulos para evitar la desconfianza ciudadana. Ese antecedente concuerda con su intención de preparar un decreto que dificulte crear nuevas universidades privadas y mantener las existentes. Tampoco es de extrañar, pues un sector de los socialistas nunca las ha visto con simpatía. En las cuatro décadas que gobernaron en Andalucía implantaron una universidad pública en cada provincia, excepto en Sevilla donde fueron dos. Además, se inventaron la llamada Universidad Internacional de Andalucía, que ni era internacional, ni cumplía ninguno de los requisitos de las universidades e incluso su rector no era elegido por el inexistente claustro, sino nombrado por el Consejo de Gobierno. En cambio, solo autorizaron una universidad privada, la Loyola, fundada por la Compañía de Jesús en 2011. No es que no hubiese iniciativas sociales universitarias, sino que, como ha dicho la ministra María Jesús Montero, “las universidades privadas son una amenaza para los trabajadores”. Al parecer, consideran una amenaza para los trabajadores todo lo que huela a libertad de enseñanza. La ministra Morant ha justificado el carácter restrictivo de su decreto en un dato: en los últimos 20 años se han creado 24 universidades privadas, pero la última pública se creó en 1998. Fue la Universidad Politécnica de Cartagena, cuya memoria de creación redacté y de la cual fui nombrado su primer rector. Ahora bien, que no se hayan creado más universidades públicas es responsabilidad exclusiva de los gobiernos regionales. En cualquier caso, el hecho de que ahora haya 50 universidades públicas y 46 privadas no debe llevarnos a creer que ambos tipos de universidades pesen lo mismo en conjunto, pues el tamaño medio de las públicas es mucho mayor que el de las privadas. En efecto, las públicas acogen al 75% de los estudiantes de grado y al 90% de los de doctorado.
A partir de esa dudosa base, se impone analizar con cuidado el decreto. Para empezar, se convierte en obligatoria la evaluación positiva de la Aneca o del órgano autonómico equivalente, una decisión positiva para evitar que los gobiernos autonómicos autoricen proyectos inadecuados. En cambio, exigir también un informe del Consejo de Ministros no era acertado porque monopolizaría la aceptación de las universidades privadas. Afortunadamente, el Consejo de Estado lo ha rechazado. La petición de un mínimo de 4.500 alumnos no ha tenido en cuenta que alguna universidad pública, como la de La Rioja, podría caer por debajo de ese listón. ¿Las cerraríamos entonces? Además, ese criterio bloquea la posibilidad de crear universidades especializadas en ciertas materias, lo que se ha demostrado altamente competitivo en otros países. La calidad universitaria depende más de la ratio de alumnos por profesor que del número absoluto de alumnos. Y el mismo efecto inhibidor de la especialización surtirá la obligación de que estén representadas al menos tres de las cinco ramas de conocimiento. Con todo, lo más irritante del decreto son los privilegios que concede a Vasconia y Cataluña: las universidades a distancia serán competencia del gobierno español, excepto aquellas en las que fije los precios de matrícula el gobierno regional (único caso conocido, la Abierta de Cataluña) y las que tengan su sede en una región con lengua cooficial o impartan al menos la mitad de su docencia en ese idioma. Tenía sentido que las universidades a distancia dependiesen del Gobierno español porque pueden atender a alumnos de todas las regiones, pero ese avance se ha visto cercenado por otra sumisa concesión a los separatistas. El disolvente proyecto plurinacional sigue adelante en detrimento de la mayoría de las regiones.
