Más Estado, pero eficiente

El debate sobre la intervención del Estado en la economía ha sido permanente en la historia del capitalismo, sucediéndose fases en las que las ideas favorables a una mayor intervención han prevalecido sobre otras en las que las críticas contra el intervencionismo han sido predominantes. Así, tras la II Guerra Mundial el mundo vivió una larga fase de creciente intervención amparada por el paradigma keynesiano en los países más desarrollados y por el socialismo estatista en otra buena parte del mundo. En la década de los ochenta del pasado siglo los gobiernos de Reagan, Thatcher y otros reformistas liberales privatizaron empresas públicas, disminuyeron algunos impuestos y simplificaron las regulaciones tratando de reducir los incentivos distorsionadores de la libre competencia. Su orientación se ha mantenido (desigualmente) en el mundo en los últimos treinta años, pero, a pesar de ello, la intervención del Estado en la economía (medida por la relación gasto público / PIB) ha sido tendencialmente creciente, aunque al frente de los gobiernos se encontrasen fuerzas políticas liberales o más conservadoras.

La motivación de esta tendencia es compleja. Por una parte, el gasto público aumenta por los propios intereses de políticos y funcionarios por aumentar su poder, lo que se suele concretar en el aumento de competencias y partidas presupuestarias, y para lo que cuentan con el apoyo entusiasta de los ciudadanos directamente favorecidas por ellas, mientras que el rechazo de otros ciudadanos suele ser más tibio. Por otra parte, la mayoría de los servicios -los públicos, en particular- suelen experimentar menores ganancias de productividad que otros sectores productivos por su elevada intensidad en mano de obra, lo que los va convirtiendo en relativamente más caros y con mayor peso en el PIB. Y, en tercer lugar y principal motivación, porque el papel del Estado como redistribuidor y proveedor de servicios públicos fue siendo aceptado hasta por el ideario liberal en la medida en que los países más desarrollados resolvieron sus necesidades básicas, y los ciudadanos demandaron el desarrollo del Estado del Bienestar con la provisión pública de servicios como la educación, la sanidad, las pensiones o los subsidios al desempleo.

El peso del Estado protector tiende ahora a aumentar porque algunos factores que ya existían se intensifican (más necesidades de atención a los mayores por el aumento de la esperanza de vida) y otros adquieren más relevancia (el papel de la educación como mecanismo fundamental para la igualdad de oportunidades). Además, otros factores contemporáneos irrumpen demandando atención y gasto público. Por una parte, la preocupación por el cambio climático exige la intervención pública porque es un problema que el mercado no puede resolver, siendo necesaria la regulación pública y el aumento del gasto en intervenciones directas y en el fomento de otras formas dproducir y consumir para evitar el aumento de la temperatura del planeta. Por otra parte, el coronavirus no solo está exigiendo un aumento del gasto público para hacer frente a la pandemia, sino que está provocando una acrecentada demanda de protección sanitaria pública.

Por todo ello, independientemente de las ideologías más favorables o refractarias a la intervención del Estado, la amplitud y variedad de demandas de intervención del Estado sostenidas por la mayoría de los ciudadanos hace previsible que el Estado intensifique su actividad en los próximos años.

El problema del aumento del peso del Estado es que limite la libertad individual y que reste capacidad competitiva para generar actividad, renta y empleo. Estos potenciales problemas están asociados a la baja productividad e ineficiencias de la actividad pública, a los riesgos intervencionistas de los políticos con un poder aumentado y a los incentivos perversos que pueden generar un sistema redistributivo construido por la presión de colectivos beneficiados y la aquiescencia de los políticos.

En consecuencia, si la transición verde, la ampliación de la atención sanitaria y la mejora del sistema educativo exigen el aumento de recursos públicos será conveniente que se aborde una reforma profunda de la administración pública (la forma de proveer los servicios) para hacerla más eficiente, una reforma fiscal que dote de una base sólida al sostenimiento del Estado sin desincentivar la actividad productiva y el desarrollo de un sistema de evaluación de las políticas públicas eficaz e independiente, que revise continuamente su racionalidad y eficiencia.