Doce años. Es el tiempo del que disponemos para frenar el cambio climático, según afirman las últimas investigaciones internacionales. Aunque pueda parecer un plazo suficiente, la realidad es que si no actuamos de forma inmediata, los expertos aseguran que el calentamiento global podría alcanzar los 3 grados centígrados -un grado más de lo previsto por el Acuerdo de París de 2015- lo que supondría un impacto irreversible en el planeta, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos o la completa desaparición de algunos ecosistemas.

En este contexto, el concepto de "cambio climático" cada vez refleja menos la urgencia de la situación actual del planeta y resulta más pertinente hablar de "crisis climática". De hecho, medios de comunicación como The Guardian recomiendan utilizar los términos "emergencia" o "crisis" al tratar estas cuestiones para potenciar la sensibilización al respecto.

Los efectos inmediatos de esta crisis ya se están dejando notar. En 2019, el planeta ha registrado el mes de junio más caluroso desde 1880, según la agencia estadounidense NOAA (Administración Nacional Atmosférica y Oceánica) y el Banco Mundial calcula que para 2050 alrededor de 143 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar por motivos climáticos.

Estos son sólo algunos de los datos que hacen de la lucha contra el cambio climático uno de los principales retos actuales. También para la gestión empresarial. El sector privado es más consciente que nunca de su papel protagonista en la protección del planeta pero aún queda un largo camino por recorrer.

De acuerdo con el informe Approaching the Future 2019: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por Canvas Estrategias Sostenibles y Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, sólo el 28,7% de los más de 200 expertos consultados aseguran que sus compañías están trabajando en acciones de adaptación al cambio climático. Entre estos, el 56,7%, lo está haciendo mediante un plan específico.

Para acelerar la lucha contra el cambio climático es necesario entender que implica no sólo una necesidad sino que también una oportunidad. El impulso de la sostenibilidad podría generar casi 14 millones de puestos de trabajo, según una investigación de NewClimate Institute, C40 Cities Climate Leadership Group y Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM).

Uno de los factores que generarán estos empleos del futuro es la economía circular. Una solución que nos reta a repensar la forma en la que se producen, consumen y reutilizan los recursos con el objetivo de que cada producto tenga la mayor cantidad de ciclos de uso posibles para frenar la generación de residuos.

En este sentido, el 19,1% de los expertos encuestados en Approaching the Future 2019 afirman que sus organizaciones están inmersas en el desarrollo de soluciones circulares. Entre las principales medidas destaca la reducción, reciclaje y gestión de residuos y la sensibilización a los grupos de interés y la participación en iniciativas empresariales.

Para indagar en las oportunidades de la sostenibilidad en el desarrollo social y económico es fundamental el papel de la Agenda 2030. Establecida en el Acuerdo de París de 2015, permite a las organizaciones trabajar por el desarrollo sostenible desde una hoja de ruta global compartida tanto por empresas como por gobiernos, entidades públicas y sociedad civil.

Esta Agenda 2030, que recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave para el presente y futuro del planeta, se ha ido integrando en distintos ámbitos, tanto públicos, con la configuración del Alto Comisionado para la Agenda 2030 en 2018; como privados, especialmente en el sector empresarial, donde el 36,5% de los expertos encuestados en Approaching the Future 2019 aseguran que sus organizaciones ya están trabajando en calcular su contribución a los ODS.

Si tenemos en cuenta que existen más de 125 millones de empresas en el mundo -es la segunda organización humana más grande después de la familia- su rol como agentes de cambio es inigualable e imprescindible. Pero la responsabilidad de las organizaciones no ha de ser únicamente declarar su compromiso con la sostenibilidad sino que es necesario actuar, destinando recursos y estableciendo objetivos claros para contribuir a estas metas globales.

El potencial de las organizaciones para aportar valor a las personas y al planeta es enorme, y por ello desde el sector empresarial se debe garantizar que no se deja a nadie atrás y pensar en un futuro colectivo y sostenible.

EL poder de las empresas debe provenir de su función social como creadoras de empleo, servicios para los consumidores y clientes y riqueza para el territorio donde operan, incluidos los impuestos que pagan al Estado. La búsqueda de su mayor beneficio es compatible con dicho papel, además de ser el motor natural de su actividad, más allá de declaraciones publicitarias y de imagen corporativa. El límite de tal poder es uno de los asuntos clave de las economías: es indeseable que sea excesivo, y a establecer reglas del juego que no permitan abusos se dedican leyes y organismos de control de la competencia. Sucede que, por ejemplo, de las sanciones que imponen a empresas por mal uso de su dimensión e influencia, pocas se cobran (sólo 3% de las multas de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se acaban cobrando en España, un dato que dice poco del organismo y, a la postre, de la calidad institucional de nuestro país).

Esta semana hemos sabido que Ryanair, la madre -o al menos, el símbolo- de todos los turismos democráticos y masivos, va a seguir eliminando bases para sus vuelos desde y hacia España, amortizando en esta tacada unos quinientos puestos de trabajo. Que una empresa reduzca su dimensión por causas de mercado es normal: quien crea que una empresa debe ser benéfica, solidaria y caritativa no se ha enterado de nada, y además está, en el fondo, promoviendo para ellas un papel que debe corresponder al poder público y político.

El problema con los recortes de Ryanair -un mero ejemplo, pero significativo- es que antes de establecerse en aeropuertos secundarios o en esencia turísticos, como los que ahora abandona en Gerona, Las Palmas, Tenerife y Lanzarote, había conseguido prebendas tanto por parte de la autoridad aeroportuaria como de los gobiernos municipales y autonómicos que decidieron entregarse a la dieta del maná del turista barato, la antítesis del viajero. Un turista que no se plantea un destino y después busca cómo llegar a él y hospedarse y divertirse allí, sino que lo hace al contrario: primero veo dónde vuela por cuatro chavos una compañía low cost, y después me lo monto yo de mi propio turoperador y agencia de viajes desde mi casa con la ayuda de Bookings o Airbnb. Un rasgo que a la postre refleja un consumismo del ir y venir sin de verdad estar ni ver más que fachada y cartón piedra que, ya vemos, hace que las compañías del ramo pastoreen con criterio logístico las caravanas de buscadores del "yo estuve allí" y el compulsivo afán de compartir con fotos una vivencia prêt-à-porter.