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Tribuna

Óscar eimil

Jurista y escritor

Siete jueces, siete

No pasará nada ahora, cuando siete jueces cumplan con su obligación: la de velar por nuestra libertad y prosperidad, que encuentran su fundamento en la unidad nacional

Siete jueces, siete Siete jueces, siete

Siete jueces, siete / rosell

Corría el año 2006, segundo de la primera legislatura de Zapatero. Habían pasado ya dos desde aquel 11 de marzo de infausto recuerdo. El Gobierno, con la economía funcionando a todo trapo por la herencia recibida de los ejecutivos populares, ocupaba su tiempo en una campaña de acoso y derribo, para, utilizando los resortes del poder, aislar a la derecha democrática. Eran los tiempos del cordón sanitario, del pacto del Tinell, y claro está, del nuevo Estatuto de Cataluña: el primero y único de los veintitantos que se han aprobado en España que fue tramitado por el Congreso con la oposición manifiesta del, por entonces, primer partido de la oposición.

El Partido Popular dedicaba sus esfuerzos a una campaña -denostada por la progresía- de recogida de firmas para oponerse a lo que muchos sabíamos, conociendo como conocíamos lo que se tramaba, que era de una irresponsabilidad tamaña.El Estatuto se aprobó en las Cortes y, con una bajísima participación, por una mayoría de catalanes. A poco de entrar en vigor, fue recurrido por el Grupo Popular para poner coto a alguno de los disparates que, tan ricamente, había facilitado e incluso promovido el Partido Socialista. Verbigracia, la atribución a Cataluña del Poder Judicial. Poco tiempo después, el Tribunal Constitucional anuló por contrarios a la Carta Magna algunos de sus artículos -pocos- y dejó claramente explicado como deberían ser en adelante interpretados otros muchos. Este gran servicio a la Nación del PP, como les decía, fue duramente criticado por la progresía. No sólo con acritud, que también, sino, sobre todo, con displicencia. Se acordarán de la campaña del "España se rompe" que, con mucha coña marinera, pretendía convertir a la derecha española en el hazmerreír de Europa.

Pues bien, conviene mucho que ahora, cuando nos enfrentamos a unos meses de extraordinaria dureza como consecuencia del enjuiciamiento de los líderes golpistas catalanes, hagamos memoria de lo que pasó en aquellos días y lo tengamos muy en cuenta cuando, en un futuro próximo, tengamos que tomar nuestras propias decisiones políticas. Y para muestra, les dejo un botón.

El día 17 de abril de ese año 2006, Pedro J. Ramírez hacía una larga entrevista en su periódico al siempre sonriente presidente del Gobierno -ni una mala palabra ni una buena acción-. En ella, le preguntaba a propósito del disparate del Estatuto de Cataluña: "¿Se sentirá usted responsable si dentro de 10 años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?". Zapatero contestó: "Dentro de 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada, y usted y yo lo viviremos".

Decía no hace mucho tiempo Felipe González que "los catalanes están mucho más cerca de perder la autonomía que de ganar la independencia." Y lo dijo en presencia de José María Aznar, quien ratificó expresamente esa lúcida afirmación.

Todos sabemos -Pedro Sánchez también lo sabe, aunque él tiene su propia agenda personal y sus propios intereses particulares- que lo que está pasando en esa parte de España solo tiene una solución. Está más que demostrado que el diálogo no ha funcionado, ni con Zapatero, ni con Rajoy, ni con Sánchez, puesto que, cada uno de ellos, a su manera, lo ha intentado.

Cada cesión que hagamos a los golpistas será tomada por ellos como un síntoma de debilidad: como un acicate más para seguir medrando hacia su objetivo final. Porque son y siempre han sido desleales a su país -causa estupor e indignación su campaña para desacreditar a España en el exterio-; porque solo han utilizado el diálogo como un medio para la consecución de sus fines -causa algo más que escándalo el paquete presupuestos por autodeterminación-; y porque cada nueva cesión complicará más todavía el arduo camino de regreso a la normalidad.

La única solución es hacerles frente con los múltiples recursos del Estado de Derecho. La intervención total de la autonomía es inevitable, como también lo es que su duración se prolongue sine die en el tiempo. Algunos dirán que nos preparemos para lo que pueda suceder. Yo les diré lo que pasará: nada de nada, como tampoco pasó nada cuando se tomaron las cosas en serio en las provincias vascongadas, o cuando se aplicó, mal y arrastras, el artículo 155 de la Constitución.

Tampoco pasará nada ahora, cuando siete jueces, siete, cumplan con integridad con su obligación constitucional: la de velar por nuestra libertad y prosperidad, que encuentran su fundamento en la unidad nacional. Y no lo duden, lo harán. No habrá, en este caso, enjuagues. Como el Rey de España, sabrán estar a la altura que nuestra Historia secular les reclama.

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