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Alonso Rojas y Antonio Rodríguez, condenados a 3 años de inhabilitación

  • El ex alcalde de Los Barrios y el que fuera concejal de Urbanismo llegan a un acuerdo

Los socialistas Alonso Rojas y Antonio Rodríguez en una imagen de archivo. Los socialistas Alonso Rojas y Antonio Rodríguez en una imagen de archivo.

Los socialistas Alonso Rojas y Antonio Rodríguez en una imagen de archivo. / E. S.

El ex alcalde de Los Barrios Alonso Rojas y el ex concejal de Urbanismo Antonio Rodríguez, ambos del PSOE, han sido condenados a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público por prevaricación urbanística. Esta fue la pena acordada por las partes antes de iniciarse la vista oral prevista para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras por la denuncia iniciada por un ciudadano contra el bar Juma, ya desaparecido, por las molestias y ruidos provocados entre 2006 y 2011.

La causa, iniciada hace más de una década, se ha cerrado con una condena de 9 meses de prisión por delito contra el medio ambiente para la propietaria del citado establecimiento, E.S.J., y otros 9 meses de inhabilitación para ejercer profesión u oficio en la hostelería.

La indemnización fijada para los afectados por la actividad del bar en los años referidos asciende a 73.000 euros, que deberán ser abonados de forma conjunta y solidaria por los tres condenados. En el caso de que ninguno de ellos respondiese al pago o no tuviese capacidad para ejecutarlo, el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo del mismo.

El cuarto acusado, el funcionario F.J.F.R., ha quedado absuelto a pesar de que estaba incluido en el escrito de acusación. Actualmente, aunque continúa trabajando en el Ayuntamiento no lo hace en el área urbanística.

Gonzalo Fernández Jordá, fiscal que formuló el escrito de acusación y responsable de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, había solicitado penas de ocho años de inhabilitación especial para cargo público y dos años de prisión para los dos ex ediles y el funcionario. Sin embargo, los más de diez años que ha perdurado la causa han servido de atenuante para todos ellos por las dilaciones indebidas.

Los hechos que se juzgaban comenzaron en el año 2006, cuando el Café Bar Juma, ubicado en la calle Gerardo de Diego, cambió de titularidad y solicitó nueva licencia de apertura. El Ayuntamiento de Los Barrios concedió la licencia en diciembre de 2007 para el desarrollo de una actividad de cafetería. Sin embargo, el bar, antes de que tuviera la licencia y hasta que cesó su actividad de forma voluntaria, no realizó la actividad para la que había sido autorizada con las condiciones y requisitos legales y administrativos fijados referidos a horario de apertura, volumen de ruidos, emisión de humos y olores.

Según el escrito de acusación, "desarrolló su actividad utilizando medios audiovisuales, reproductores de música (hasta tres televisores) y otros aparatos sujetos a requisitos más rigurosos para preservar el descanso de los vecinos, tanto por los mayores ruidos y vibraciones propios de la actividad como por el horario, que superaban con creces los límites normativamente establecidos, infringiendo la normativa administrativa reguladora de este tipo de actividades", añadió el fiscal. El informe redactado por Fernández Jordá señalaba que entre el 31 de mayo de 2006 y el 26 de agosto de 2009 se registraron un total de 15 quejas o denuncias en el Ayuntamiento de Los Barrios por los "ruidos intolerables".

En agosto de 2007, y por decreto de Alcaldía, se acordó la inmediata paralización de la actividad del bar-restaurante por carecer de licencia municipal de apertura, aunque este decreto nunca fue ejecutado. En diciembre de ese mismo año le fue concedida licencia de cafetería.

El fiscal responsable de la causa señaló que la continuada exposición a los ruidos ilícitos procedentes del establecimiento desde el año 2006 y hasta febrero de 2011 había generado una posibilidad de grave perjucio en la salud de los vecinos, habiendo sufrido estos constantes molestias. El ministerio fiscal concluyó en su escrito que estos tres acusados -Alonso Rojas, Antonio Rodríguez y el funcionario que ha quedado absuelto- eran conocedores de los expedientes, las quejas y las denuncias.

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