Chary Herrera, la isleña que busca a su hermana, a la que iban a llamar María de los Ángeles, nacida el 10 de enero de 1975, y oficialmente dada por muerta a las 24 horas, admite que está sobrepasada. Desde que a finales de año se convirtió en la portavoz del colectivo, siendo nombrada poco después la delegada de Anadir, la asociación de niños adoptados irregularmente, en Andalucía, su teléfono no para de sonar. Desde entonces, recibe a la semana una media de 30 llamadas. La misma historia siempre, la de un bebé nacido en apariencia sano, y cuyo fallecimiento comunican horas después a los familiares, con distintos protagonistas, pero casi siempre el mismo sitio, la residencia Zamacola, hoy hospital Puerta del Mar. Llamadas que ella atiende siempre que puede, una media de 30 a la semana, y cuyos casos va anotando en una lista que no para de crecer.

Ayer por la tarde, y a falta de incluir tres o cuatro casos más, avanzó a este diario la cifra total del listado. Exactamente 155 casos de bebés supuestamente robados en Cádiz, que ella tiene recopilados con nombre y apellidos, fechas y lugar de nacimiento. La mayoría de los alumbramientos se registraron en la residencia Zamacola, hoy hospital Puerta del Mar: un total de 146 (115 en la residencia, y los 31 restantes, ya con la denominación actual del centro hospitalario) , y los 9 restantes, en el antiguo hospital de Mora.

Todos estas muertes se produjeron entre los años 1954 y 1991. No hay ni un solo año 'en blanco', ya que en todos y cada uno de ellos se registró algún caso, apunta la delegada de Anadir, que desvela una cifra, no sólo ya preocupante sino hasta escandalosa: la estadística de 1976, que concentra el mayor número de denuncias, 40 fallecimientos.

Le siguen 1972, con cerca de una veintena de casos, y el año 1968, con alrededor de 15.

De todos estos casos, de momento, según los cálculos de Anadir, son unas 40 familias las que, una vez que ya han conseguido recopilar la documentación necesaria (legajo de aborto, inscripción en el Registro e historial médico, entre otros papeles), han interpuesto denuncia ante la Fiscalía Provincial de Cádiz .

Los demás están en trámites de ello, aunque se están topando con numerosas dificultades, denuncia Chary Herrera. Y es que , por ejemplo, a la mayoría en el Puerta del Mar les están notificando que no tienen los historiales médicos de los años 60 y de los 70, aunque uno de los denunciantes, de un caso de 1972, logró finalmente los informes de su madre tras amenazar con interponer una denuncia. También es muy complicado obtener legajos de aborto en el Registro Civil de los años 60.

En la mayor parte de los casos, fue personal de la residencia el que supuestamente se hizo cargo de los enterramientos de los bebés en el cementerio San José de Cádiz, sin que la mayoría llegaran a ver nunca los cuerpos.

La cifra total de casos en la provincia sobrepasa los dos centenares, ya que hasta la fecha en Jerez Anadir tiene contabilizados 9, en el hospital Santa Isabel de Hungría, y unos 50 en el hospital de La Línea. En España, la cifra total se acerca ya al millar.

Fue a principios de julio cuando se registraron en la Fiscalía de Cádiz las primeras denuncias, si bien hasta diciembre la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, no activó el asunto, ordenando a la Policía Judicial que investigara el asunto.

En enero, más de 30 familias de Cádiz se sumaron a la denuncia conjunta de Anadir ante la Fiscalía General del Estado, que hace días que envió sus casos a la Fiscalía provincial, para ser investigados desde aquí. El pasado viernes, desde Fiscalía informaron a la asociación que ya habían recibido la denuncia, aunque todavía "no la habían abierto".

Uno de los casos denunciados en julio ante la Fiscalía, el de Rosario Pinto, de Arcos, ha sido archivado por un Juzgado de Cádiz, al haber seguido un cauce distinto: el fiscal encargado, en vez de enviar la denuncia a la Policía, la archivó y dio cuenta al Juzgado para que estudiara la posibilidad de reabrir la denuncia que la mujer había puesto en 1993 y que fue sobreseida. El magistrado del Juzgado 2 de Cádiz, en su resolución, considera que el posible delito ha prescrito, tal como informó este diario el domingo. El fiscal del caso ayer estudiaba la posibilidad de recurrir, informó a este diario la fiscal jefe.