El Juzgado e Instrucción número 1 de Cádiz ha decidido archivar provisionalmente las diligencias abiertas tras la denuncia por fraude en subvenciones públicas y estafa presentada por la Fiscalía contra Ana María Alonso y Nuria Sánchez Perdigones, ex presidentas de la Asociación de Empresarias y Profesionales (AMEP) de Cádiz. La juez considera que ambas solicitaron cinco ayudas de forma correcta, que las formalizaron debidamente y que no dispusieron del dinero de esas subvenciones en beneficio propio.

El auto de sobreseimiento, de la juez María del Carmen Fornell, explica que las inversiones realizadas con las cinco subvenciones concedidas entre 2008 y 2012 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la AMEP fueron revisadas y que en cuatro de ellas se habían cumplido al 100% los objetivos.

Únicamente en una de las subvenciones fue detectada una anomalía relacionada con la documentación y el horario de un trabajador, señala el auto, lo que provocó la apertura de un expediente que reclamó la devolución de 516 de los 229,839 euros concedidos en ese caso.

Esa cantidad reclamada fue reintegrada. Ahora bien, agrega el auto, “lo exiguo de tal cantidad impide considerar que dicho incumplimiento tenga relevancia penal alguna, sin perjuicio de que pueda ser considerado irregular desde el punto de vista administrativo”.

La juez indica que tampoco queda acreditado que se haya utilizado engaño para producir un error a la Administración pública que haya motivado que esta conceda las subvenciones.

“No consta”, añade la magistrada, “que las ayudas concedidas a la AMEP traigan causa de un engaño previo de esta, motivado por un ánimo de lucro, y que dicho engaño haya sido determinante para la concesión de dichas ayudas”.

Las subvenciones fueron concedidas a la AMEP, a través de Ana María Alonso y Nuria Sánchez Perdigones, en su calidad de presidentas de esa asociación, para financiar distintos proyectos relacionados con el emprendimiento en la provincia de Cádiz. La investigación que dio origen a las actuaciones ahora archivadas la inició la Udyco de Zaragoza cuando indagaba allí sobre un entramado societario.

El auto de sobreseimiento explica que las ayudas fueron solicitadas de forma correcta y que fueron debidamente formalizadas. Y afirma que para conceder las subvenciones en ningún caso se exigió acreditación de liquidez para afrontar el 50% de la inversión que correspondía a cada uno de los proyectos financiados. “Sólo se requirió en dos de las ayudas la presentación de aval bancario, requisito que fue debidamente cumplimentado”.

La juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en lo relativo a los delitos de fraude en subvenciones y estafa “por no entender acreditada la comisión de dichos ilícitos penales”. También acuerda dar traslado a la Fiscalía para que “informe sobre la competencia de este Juzgado para la instrucción del posible delito de falsedad documental y su posible prescripción, en caso de que se considerara cometido”.