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La Audiencia suspende la pena de prisión a Lorenzo Sánchez por el caso Uniformes

  • El ex alcalde de Rota por Roteños Unidos, condenado a año y medio, evita la cárcel siempre y cuando pague la multa de 4.800 euros que le impuso el tribunal de la Sección Cuarta

Lorenzo Sánchez, junto a Eva Corrales, saluda a un periodista a la llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz, en mayo de 2016. Lorenzo Sánchez, junto a Eva Corrales, saluda a un periodista a la llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz, en mayo de 2016.

Lorenzo Sánchez, junto a Eva Corrales, saluda a un periodista a la llegada a la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz, en mayo de 2016. / j.P.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha suspendido la pena de prisión de año y medio a Lorenzo Sánchez por el caso Uniformes. El ex alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU), condenado por el delito de negociaciones prohibidas en esta causa, evitará la entrada en la cárcel siempre y cuando abone la multa de 4.800 euros que le impuso el tribunal de la Sección Cuarta en los plazos que le han sido concedidos (seis meses desde el primer requerimiento).

La Audiencia ha acordado suspender la pena de prisión a Lorenzo Sánchez por cinco años, es decir, el que fuera líder por Roteños Unidos y regidor de Rota de 2003 a 2010 no ingresará en un centro penitenciario si en dicho periodo de tiempo no comete ningún otro delito.

El pasado mes de abril, el fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, se opuso a esta suspensión ahora concedida por la Audiencia. La acusación pública esgrimió varios motivos para rechazarla, entre ellos, los "suculentos beneficios económicos" que obtuvo Sánchez prevaliéndose de su cargo como primer edil para autoadjudicarse ilícitamente múltiples contratos públicos (más de 900) a favor de las empresas privadas que él gestionaba.

Lorenzo Sánchez lleva ya varios meses alejado de la vida política pero no de la vida en los juzgados. El primer asunto que lo sentó en el banquillo de los acusados fue el caso Horas Extra, del que salió absuelto en mayo de 2015. No así su socia de gobierno Eva Corrales (PP), que fue condenada a cuatro años y medio de prisión por gratificar ilegalmente a un funcionario municipal. Corrales sigue hoy pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto.

Después vino el caso Uniformes. En esta ocasión, la Fiscalía pedía para Sánchez cinco años de prisión y 12 de inhabilitación por tres delitos: prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad. El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia gaditana lo condenó en noviembre de 2016 a un año y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por valerse de su cargo de alcalde para adjudicar contratos a favor de un entramado empresarial que él mismo creó con objeto de obtener beneficios económicos ilícitos con cargo a las arcas municipales.

El Tribunal Supremo confirmó el fallo del caso Uniformes en febrero de 2018, de tal manera que la condena a Sánchez devino firme. Fue entonces cuando el ex alcalde de Rota solicitó la suspensión de la pena de prisión que ahora la Audiencia de Cádiz ha resuelto de forma favorable. Como norma general, obtienen este beneficio aquellos que, no teniendo antecedentes penales, han sido condenados a una pena que no supera los dos años de cárcel.

Se da la circunstancia de que el ex regidor roteño tiene pendiente una tercera causa, el caso Convenios Urbanísticos. En esta nueva pieza la Fiscalía solicita cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo para Lorenzo Sánchez, a quien acusa de haber adjudicado de manera arbitraria diversas obras públicas al empresario Felipe Castellano Moreno a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a sus empresas. El fiscal calcula que Sánchez facturó de ese modo a las empresas de Castellano una cantidad aproximada de medio millón de euros entre 2007 y 2011.

Sánchez fue candidato a alcalde de Rota en las últimas elecciones municipales. Desde hace año y medio aproximadamente está fuera de la actividad política, tras haber abandonado su puesto de concejal porque fue inhabilitado con la sentencia del caso Uniformes.

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