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Cerrado y sin vigilancia

  • El mayor depósito del Campo de Gibraltar de vehículos incautados en operaciones antidroga cesa su actividad

  • Su gerente aduce una deuda millonaria de la Junta de Andalucía que ésta niega

Vista general del depósito, con hileras interminables de vehículos y embarcaciones Vista general del depósito, con hileras interminables de vehículos y embarcaciones

Vista general del depósito, con hileras interminables de vehículos y embarcaciones / jorge del águila

El mayor depósito judicial del Campo de Gibraltar ha echado el cierre. Con más de 3.500 vehículos y unas 1.000 embarcaciones incautadas en operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales, Grúas Sur Europa ya no recoge más vehículos implicados en las intervenciones que realizan la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera porque la administración competente, la Junta de Andalucía, no reconoce a esta empresa como depositaria judicial. Su propietario también ha retirado la seguridad del lugar, por lo que en la última semana se han producido cinco robos en las instalaciones, por el importante déficit que acumula por la gestión de este espacio.

El proceso para que la empresa pueda cobrar por guardar estos vehículos es complicado porque se necesitan una serie de documentos y se deben cumplir varios requisitos. En este depósito, situado en San Roque, hay coches y embarcaciones intervenidos desde el año 2009 y su gerente, Miguel Gómez, asume que ya no va a poder cobrar el dinero que entiende que la Administración andaluza le debe.

Grúas Sur Europa comenzó a recoger vehículos relacionados con intervenciones contra el narcotráfico en 2009 como un favor a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no tenían espacio en el que dejarlos. Inicialmente el depósito era un lugar para almacenar los vehículos de la grúa municipal de San Roque, pero por multas de tráfico habrá una treintena de coches, un porcentaje mínimo entre los más de 3.500.

El gerente del depósito asegura que ha mantenido reuniones al más alto nivel de la Junta de Andalucía. "La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, dice que no le consta que seamos un depósito judicial, pero puede venir aquí y ver todos los vehículos y lanchas que tenemos", afirma Gómez.

Para poder cobrar por estos servicios, los depositarios deben reclamar el pago a la Junta, pero consideran que las condiciones son leoninas porque la Administración solo se hace cargo de las facturas si adjuntan una copia del auto en el que se que acredite que la sentencia es firme o con detalle de la causa de sobreseimiento, siempre que los bienes hayan formado parte de un procedimiento penal y cuando no exista condena en costas.

El pago solo se hace efectivo en cuatro supuestos: absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración en rebeldía o insolvencia del condenado en costas. La delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz afirma que en todos los casos en los que se han cumplido estos requisitos, acreditados por los depositarios, se han abonado las facturas, por lo que sostiene que no tiene deudas con nadie.

El gerente de Grúas Sur Europa denuncia la complejidad de los trámites porque entiende que es imposible poder acceder a toda la documentación requerida desde el año 2009. Para intentar agilizar los trámites, Miguel Gómez mantuvo una reunión con los jueces de la comarca, que se comprometieron a intentar agilizar la documentación a partir de ahora, pero los magistrados le trasladaron que es prácticamente imposible poder buscar uno a uno los casos anteriores en los que están implicados los vehículos incautados.

También hay dos factores a tener en cuenta. El primero es que no todos los procedimientos judiciales en los que se intervienen vehículos son penales, por lo que no todos los tiene que abonar la Junta. En fraudes a Hacienda, causas fiscales o causas civiles no se abonan los costes del depósito de los vehículos. "Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incauten vehículos y los lleven a depósitos no quiere decir que automáticamente la Junta tenga que pagar esa factura", indican desde la administración andaluza.

El otro factor es el reseñado sobre la dificultad de los responsables de los depósitos para conseguir la documentación de los juzgados. Cuando dejan un vehículo en un depósito, los cuerpos y fuerzas de seguridad entregan un acta de depósito que también dejan en el juzgado que haya ordenado la investigación. Pero cuando deben pedir una copia del auto que acredite que la sentencia es firme, los depositarios no saben a quién acudir porque les es imposible saber qué juzgado la ha emitido y si en ese momento la sentencia es firme.

Estas circunstancias han provocado la saturación del depósito de Grúas Sur Europa, donde las hileras de coches, motos y embarcaciones son interminables. También hay una avioneta y un autogiro, además de un enorme velero. Entre las lanchas, la mayoría con motores de 300 caballos, llaman la atención los enormes propulsores V8, del tamaño de una persona.

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que rodean al depósito, en lo que va de año ha sufrido más de una veintena de robos. Para acceder al lugar hay que pasar primero por un control situado a la entrada del polígono, que está gestionado por la Junta de Andalucía. Y después acceder a un perímetro vallado y cubierto por 50 cámaras.

El empresario también se enfrenta al problema económico que le genera el desplazamiento de embarcaciones desde el mar hasta el depósito. Gómez cifra en unos 3.000 euros el coste de acudir al lugar al que se incauta la lancha y trasladarla hasta el lugar de guarda. En la mayoría de casos, señala el depositario, el propietario de la embarcación la puede sacar sin coste alguno, previa autorización del juez, tras alegar que él no tenía conocimiento de que la semineumática estaba navegando sin documentación.

El gerente de Grúas Sur Europa también asegura que la administración se ha puesto en contacto con él para comunicarle que tiene previsto no prorrogarle el contrato de alquiler del espacio, enmarcado en la Red Logística de Andalucía. "No sé qué hacer con esta cantidad de vehículos porque sacarlos todos de aquí tendría un coste brutal. La solución es que reconozcan que esto es un depósito judicial o que destruyan coches y embarcaciones. Desde 2009 no se ha destruido nada", explica Gómez.

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