Los ayuntamientos son grandes deudores de pymes y autónomos y comprenden la reacción de la Confederación de Empresarios. "Otra cosa es que las medidas que propongan sean acertadas, aunque tampoco deben descartarse", señaló ayer el alcalde de Puerto Real y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José Antonio Barroso.

En su opinión, la compensación que plantea la CEC "no difiere mucho de la fórmula del ICO , pero el problemas son las condiciones leoninas de está fórmula". Según Barroso, los empresarios deberían pedir también que a los ayuntamientos se les arbitren líneas de crédito a largo plazo a través del ICO". La deuda de las corporaciones locales se debe en buena parte a que "desde 1979 asumimos muchas competencias que corresponden a las comunidades autónomas y al Estado". Le necesidad de una ley de financiación local eficaz es otra de las demandas municipales.

La propuesta de la CEC coincide en el fondo con la iniciativa planteada por el alcalde isleño, Manuel de Bernardo, hace tres meses. Entonces defendía la necesidad de articular mecanismos de compensación entre administraciones para que la deuda acumulada de los ayuntamientos a terceros no se convirtiera en un lastre para los pequeños empresarios. Concretamente, la propuesta municipal consiste básicamente en la cesión de crédito de la deuda municipal de las pequeñas y medianas empresas que trabajan con la administración pública hacia el propio Ministerio para el pago de las obligaciones tributarias de dichas empresas. A cambio, esta cantidad sería descontada a los ayuntamientos de forma fraccionada de los ingresos que reciben en la participación de los tributos del Estado, pero ya sería un ajuste de cuenta entre ambas administraciones y el empresario no sufriría las consecuencias directas de esta deuda pendiente de cobro ni de la falta de liquidez.

Por ello, ayer, De Bernardo valoró la propuesta planteada por la CEC. "En el fondo hablamos de lo mismo, de la necesidad de articular de forma urgente mecanismos de compensación de deuda entre las administraciones -afirmó- es necesario instrumentar estos mecanismos mediante un decreto ley u otra fórmula que permita llevarlas a la práctica en el menor tiempo posible".

Desde el Ayuntamiento de Chiclana se considera que "la crisis afecta tanto a las empresas como a las administraciones y, entre éstas, especialmente a las locales, que tradicionalmente venimos asumiendo competencias que no corresponden, lo que le supone unos gastos adicionales muy complicados de mantener". El Consistorio chiclanero, "a pesar de su dificultades económicas ha colocado entre sus prioridades el pago a los proveedores".

"Es por ello", resalta, "que entre otras medidas, hemos solicitado un préstamo de legislatura (esto es, que habrá de ser devuelto antes de la financiación del presente periodo corporativo) por valor de 1,2 millones de euros".

El Ayuntamiento de El Puerto se ha acogido a una de las dos líneas de crédito que planteó el Ministerio de Economía y Hacienda para facilitar el pago a proveedores. Finalmente, el Consistorio ha avalado mediante una línea del ICO unas facturas por valor de unos 4 millones de euros.

La deuda que el Ayuntamiento de El Puerto tiene con los proveedores asciende a 38 millones de euros aproximadamente, según los últimos datos facilitados por el Área Económica. Al respecto, la Tesorería Municipal hizo un informe recientemente donde fijaba que, durante el primer semestre del año, el Consistorio portuense había abonado mensualmente a los proveedores unos 1,8 millones de euros. No obstante estos pagos iban destinados fundamentalmente a los principales acreedores como son las concesionarias municipales (autobuses urbanos, limpieza y mantenimiento de jardines) así como a las empresas constructoras con de las principales obras adjudicadas.