Las plantillas de Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera en el Campo de Gibraltar han quedado cubiertas al cien por cien, de la misma forma que sus medios materiales se han visto incrementados de forma notable con la adquisición de vehículos y medios tecnológicos.

El resultado de esas actuaciones ha sido la recuperación del principio de autoridad en las calles de las barriadas marginales, donde los traficantes de hachís campaban a sus anchas con descarada impunidad, y el descabezamiento de las más importantes bandas con la detención de decenas de presuntos delincuentes que han sido puestos a disposición de la Justicia.

Pero es a partir de ese momento cuando el sistema falla: los juzgados de la comarca están desbordados, colapsados y sin medios para hacerse cargo de una carga de trabajo que, antes ya de la oleada de detenciones, superaba desde hace años y con mucho los estándares fijados como asumibles para las oficinas judiciales.

Los detenidos llegan al juzgado, se les toma declaración en las mejores condiciones posibles y, caso de estar investigados por delitos graves –situación nada infrecuente en los casos de narcotráfico– son enviados a prisión preventiva mientras se instruyen las diligencias antes de ir a juicio.

Por lo general y salvo excepciones muy justificadas, un preso preventivo puede permanecer un máximo legal de dos años en esa situación, periodo tras el que –si no ha sido enjuiciado– se decreta su puesta en libertad con medidas cautelares, como la personación periódica ante los juzgados.

En el Campo de Gibraltar, con una planta de juzgados insuficiente y mal dotados para sacar adelante sus tareas, el número de preventivos es tal que un buen número de ellos está camino de acabar libre, sin reinsertar, en contacto de nuevo con el mundo del que vienen o teniendo la posibilidad de escapar sin haberse celebrado a tiempo sus vistas orales.

“El magnífico trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se va ir al garete mientras no se refuercen los juzgados”, afirmó ayer a esta redacción el decano de los jueces de Algeciras, Alberto Ruiz. No es la primera vez que lamenta la situación de los juzgados, aunque nunca antes lo había hecho con tanta vehemencia y preocupación.

La situación es grave en los tres partidos judiciales de la comarca, pero especialmente en La Línea, con cuatro juzgados, y San Roque, con solo dos. Los seis son oficinas mixtas en las que ingresan asuntos de primera instancia y de instrucción, con un abanico de temas en las que el narcotráfico ocupa un lugar destacado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la creación de una quinta plaza de magistrado en la sección de la Audiencia cuya cobertura está ya en marcha, junto con las de cuatro de jueces: dos para Algeciras, uno para La Línea y otro para San Roque. Pero estas últimas tardarán más en hacerse realidad por la sencilla razón de que no hay aún espacio físico habilitado para acoger sus juzgados, destinados a aliviar enormemente la demora en la tramitación de los casos.

Las obras dependientes de la Junta de Andalucía van a paso de tortuga, por no decir de cangrejo. Ruiz asegura que la previsión dada por la Consejería de Justicia es que las obras en La Línea y San Roque puedan estar listas en el primer semestre de este año; en el caso de Algeciras, no hay ni tan siquiera fecha. “Se han destinado muchos recursos necesarios a luchar contra la delincuencia, pero se ha dado de lado a la Administración de Justicia”, señaló el decano.