Agentes de la Policía Local arrestaron ayer a un empleado municipal como presunto autor de tres delitos: uno de estafa y dos de falsificación de documentos públicos. El Ayuntamiento informó en un comunicado de prensa que el funcionario, que responde a las iniciales J. M. C. T., fue puesto a disposición judicial. Asimismo, añadió que su detención es resultado de una investigación que partió de la presunta falsificación de una licencia de primera ocupación de una vivienda, gestión para la que el trabajador municipal no tenía encomendada ninguna competencia. Con esta actuación son ya dos los funcionarios detenidos por la Policía Local en menos de dos meses. 

Según pudo saber ayer este diario, J. M. C. T. tiene 44 años y llevaba apenas unas semanas trabajando en la Delegación de Fomento Económico yEmpleo. Con anterioridad, el empleado había estado trabajando en otras dos áreas del Consistorio.En concreto, estuvo dos años en la Concejalía de Urbanismo, donde se encargaba de los procedimientos reglados de documentos. Posteriormente, ya en 2003, recaló en Vías yObras donde permaneció hasta su traslado reciente a Fomento.

La Policía Local le acusa de falsificar una licencia de primera ocupación. Según la información recabada por este medio, el permiso tenía como destino un inmueble perteneciente a una promoción de la zona sur de la ciudad ubicada, al parecer, en la avenida de Las Flores. El funcionario detenido emitió el permiso hace unos meses pese a carecer de competencias y sin contar con los informes técnicos pertinentes. Fuentes cercanas al caso señalaron que el empleado, supuestamente, se valió de un formulario para cambiar posteriormente algunos datos del mismo.

La actuación coincide con la campaña de mano dura emprendida por el equipo de gobierno contra las irregularidades urbanísticas. Las concejalías de Urbanismo, Patrimonio ySeguridad Ciudadana están reforzando la vigilancia contras las viviendas ilegales. Asimismo, se están intensificando las inspecciones en viviendas, locales y establecimientos para verificar que cuentan con todos los permisos. Muestra de ello es que recientemente se ha cerrado un bar de tapas en el centro de la ciudad por carecer de licencia de apertura.

En diciembre del año pasado la Policía también puso a disposición judicial a un inspector urbanístico acusado de cohecho. Este empleado público, cuyo nombre responde a las iniciales J. V. P., estaba acusado de pedir distintas cantidades de dinero o bienes materiales a cambio de gestiones administrativas de carácter irregular. El funcionario tenía encomendada la zona de Punta Carnero. Tras declarar, fue puesto en libertad con cargos y el Ayuntamiento decidió suspenderle de empleo y sueldo.