Granada ha sido el escenario de un nuevo encuentro del foro en el que convergen las Diputaciones de Cádiz, Sevilla, Granada, Huelva, Córdoba y Jaén. La reunión ha permitido reiterar, al Gobierno de España, una reclamación compartida: poder decidir el destino de las inversiones que estén financiadas con los remanentes del superávit presupuestario. En el caso de la provincia de Cádiz, Irene García precisó que la Diputación dispone de 23´2 millones de euros -tras la liquidación del ejercicio de 2016- que esperan la decisión del Ejecutivo estatal para ser aplicados como inversiones productivas.

García manifestó que "el Gobierno debe respetar la autonomía local", de manera que los ayuntamientos también puedan decidir las inversiones que realmente necesita la población. En el año 2016 se autorizó la cobertura de inversiones, siempre que cumplieran el criterio de ser "financieramente sostenibles"; es decir que no comportasen nuevos gastos de personal para su mantenimiento posterior. Ahora, las Diputaciones que se han reunido en Granada, defienden que debe vencerse esta restricción, considerando el rigor que han demostrado en la gestión de sus recursos conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.