Algo había que hacer. Lo reconocen desde el gobierno municipal de Chiclana (PSOE-Ganemos) para dar una salida a las más de 13.500 viviendas del municipio que no disponen de los servicios básicos; es decir, sin agua potable ni alcantarillado.

Prácticamente la mitad de Chiclana arrastra este grave problema urbanístico al que se le ha querido poner freno, pero sin resultados satisfactorios, por no decir nulos. Ahora, el Ayuntamiento inicia un serio intento con las nuevas ordenanzas de regularización de viviendas, cuya aprobación definitiva salió publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Ya es la cuarta ordenanza que se pone en marcha; las tres primeras fracasaron

De momento, la medida beneficiará a 635 vecinos con viviendas colindantes a suelos urbanos consolidados, cuyos propietarios ya pueden acogerse al proceso y obtener los servicios básicos. Así, estos terrenos ya disponen de la autorización (bajo pago) para conectar con las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua.

"Pero es sólo el principio de un proceso muy laborioso. Diríamos que es como una mancha de aceite de la que esperamos que se vaya propagando por otras zonas sin regularizar. En definitiva, lo que pretendemos ahora con el inicio de este proceso es que sirva de ejemplo para que el resto de afectados se anime", afirma la delegada municipal de Diseminado, Cándida Verdier (PSOE), quien reseña que se trata de una medida "innovadora" y que por ese mismo hecho prevé que el Ayuntamiento se enfrentará a dificultades "de todos los colores", apostilla.

Cada una de esas 635 viviendas junto al suelo urbano consolidado tendrá su procedimiento para la regularización, inciden desde el Ayuntamiento. Así, habrá parcelas que estarán en proindivisos que, mediante complejos inmobiliarios o licencias de segregación, podrán segregarse y solicitar la legalización de la vivienda, presentando informes de las distintas compañías suministradoras, en los que dan validez al proceso.

Además, desde el Consistorio chiclanero se señala que se trabaja de la mano con los técnicos municipales de Urbanismo y Diseminado, así como con los técnicos de la empresa municipal Chiclana Natural y la empresa suministradora de electricidad, Endesa, para que todos los servicios básicos sean una realidad en Chiclana.

El gran inconveniente radica una vez más en los costes para las conexiones. Según el Ayuntamiento, los pagos serían de unos 9.500 euros en una primera fase (agua y alcantarillado) y otros 16.000 en una segunda fase (pluviales, cerramientos de parcelas, telecomunicaciones y otros servicios). En total unos 25.000 euros de media. El PP lo desmiente, dice que serían unos 40.000 euros. La cuestión es que con este baile de cifras, la confusión entre los afectados cada vez es mayor. No obstante, el Ayuntamiento está a la expectativa de cómo evolucionará el proceso en los próximos meses. De momento, ha firmado un convenio con una entidad bancaria para facilitar los pagos a los propietarios de viviendas que quieran 'enganchar' con las redes generales. Mientras tanto ha instalado algunas fuentes para abastecer de agua potable a viviendas del extrarradio.

"Entiendo que la gente desconfíe porque no es la primera ordenanza que se pone en marcha para regularizar viviendas en Chiclana", expresa Verdier. Así es, ya que es la cuarta vez que se inicia dicho proceso en esta ciudad. El primero de ellos en 1999, el segundo en 2005 y el tercero en 2010. Todos ellos fracasaron, empantanando aún más si cabe el problema urbanístico de la ciudad.

Chiclana ha tejido su propio desorden urbano durante años y busca una salida a un complicado caos de difícil solución.

El crecimiento de viviendas sin regularizar tuvo su cúlmen a mediados de los años 90, cuando muchos propietarios construían sus casas sin que ninguna administración se lo impidiera. Es más, hubo hasta consentimiento municipal y colaboración de entidades bancarias con hipotecas para financiar las casas en zonas no urbanas.

Por esas fechas hubo una modificación del Código Penal en el que la construcción ilegal se tipificaba como un delito contra la ordenación del territorio. Por entonces, era algo novedoso y apenas había concienciación entre la población para que se abstuviera de hacerse una casa en zonas en las que ni siquiera llegaba la luz. Los enganches ilegales y los pozos facilitaron que siguiera aumentando el descontrol. Ya en entre los años 2000 y 2005, la ley comenzó a pesar sobre un gran número de viviendas irregulares y comenzaron las sanciones e incluso algunas demoliciones. Ahora apenas hay construcción ilegal, pero sí ampliaciones de viviendas ilegales.

Llega una nueva etapa y algunos quieren regularizar, sobre todo los que usan las viviendas como primera residencia, mientras que buena parte de los que disponen de fincas para su disfrute prefieren seguir en las mismas condiciones; es decir, sin agua ni alcantarillado.