La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado 26 de marzo por el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA) contra el alcalde de San Fernando, Manuel de Bernardo (PA), por incumplimiento en su municipio de la Ley Antibotellón, que entró en vigor en a finales de 2006.

En el escrito de la Fiscalía del TSJA remitido a la CAVA, el teniente fiscal, Guillermo Sena Medina, informa de que el Alto Tribunal abre un expediente por los hechos denunciados por la asociación ante la Fiscalía de Sevilla.

Antonio Viruez, portavoz de la CAVA, se mostró "satisfecho" de que el TSJA haya advertido que puede haber un incumplimiento de la Ley Antibotellón y que, por ello, haya decidido abrir un expediente. "Algunos pensaban que la denuncia se archivaría y al final no ha sido así", aseguró.

En esta línea, consideró que este hecho "abre una puerta muy importante" para que los alcaldes "se conciencien de que es su obligación hacer cumplir la citada normativa y que ellos son los máximos responsables". "Y es que no hay derecho a que la gente no pueda descansar, cuando se puede conciliar perfectamente la movida con el descanso", aseveró.

Antonio Viruez avisó que otro de los alcaldes cuya gestión en la aplicación de la Ley Antibotellón no está siendo correcta en la provincia es el de Ubrique, Francisco Cabezas, quien "desde el año pasado tiene aprobada una partida de 110.000 euros de la Consejería de Gobernación para realizar una zona de ocio juvenil, cuyas obras aún no han empezado", denunció el portavoz de la CAVA.