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El ex alcalde de El Puerto se libra de la cárcel

  • La Fiscalía solicitaba 4 años de prisión para el ex alcalde de El Puerto por blanqueo de capitales, pero antes del juicio ha habido un pacto que deja la pena en un año y una multa de 16.200 euros

Hernán Díaz estrecha la mano de Juan Carlos Rodríguez, ex edil de Urbanismo, en una imagen de archivo

Hernán Díaz estrecha la mano de Juan Carlos Rodríguez, ex edil de Urbanismo, en una imagen de archivo / d.c.

El alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses (IP) desde 1990 hasta 2006 no irá a la cárcel. El que fue regidor portuense durante 16 años salió ayer airoso de una de las causas más complicadas que tenía pendiente con la Justicia. En concreto, la Fiscalía lo acusaba de un delito de blanqueo de capitales por el que solicitaba la pena de cuatro años de prisión.

H.D. evitó la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz toda vez que las partes implicadas en este caso llegaron a un acuerdo. De una parte, el ex alcalde de IP admitió los hechos por los que venía siendo acusado. De otra, la Fiscalía rebajó sensiblemente su petición tanto de cárcel como de multa (véase el cuadro adjunto a la información).

239.156euros. Era el comiso que planteaba el fiscal para el hijo de H.D. Ha quedado en 8.000 euros.

Alcanzada la conformidad, el tribunal de la Sección Cuarta dictó sentencia firme: un año de prisión para H. D. y multa de 16.200 euros.

La reducción de los años de cárcel no ha sido el único beneficio que ha logrado el que fue líder de Independientes Portuenses. La Audiencia Provincial de Cádiz ha acordado suspenderle la pena de prisión por el periodo de tres años, siempre y cuando abone la multa impuesta.

H.D. ya ha sido procesado y condenado en varios procedimientos judiciales: el derribo de parte de la Casa de las Cadenas (un Bien de Interés Cultural), el nombramiento a dedo del jefe de la Policía Local; la concesión de licencias para la construcción de viviendas ilegales en enclaves protegidos... En ninguno de estos casos se enfrentaba a una pena de prisión, sólo a la inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación. Ahora, por primera vez, la acusación pública pedía cárcel para él, pero H.D. la ha esquivado sin dificultad.

el resto de los procesados

El ex regidor de El Puerto no ha sido el único que ha salido bien parado en esta causa por blanqueo de capitales. Juan Carlos Rodríguez, ex delegado de Urbanismo durante el gobierno de H.D.; su esposa, oficial administrativo en el Consistorio portuense de 1992 a 2004; Fernando Jiménez Fornell, arquitecto municipal inhabilitado; la esposa e hijo de H. D.; y la mujer de éste, María del Carmen Selma, han llegado igualmente a un pacto con la Fiscalía, lo que les ha supuesto también rebajas muy significativas en los años de cárcel decretados y en las multas establecidas. Y, lo más importante, todos -como H.D.- eluden su entrada en prisión, pues así lo ha acordado el tribunal gaditano después de que reconocieran ser autores de un delito de blanqueo de capitales.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el hijo de H.D. la pena más alta, cinco años de cárcel, que ha quedado en uno (y suspendido). La acusación pública planteaba además para H. D. Cantos una multa de 360.000 euros, sanción que se ha visto disminuida hasta los 48.000 euros.

Juan Carlos Rodríguez, el ex edil de Urbanismo, y Fernando Jiménez Fornell, el que fue arquitecto municipal, han sido condenados cada uno de ellos a un año de prisión (que no cumplirán) y multados con 20.500 y 35.000 euros, respectivamente. Unas sanciones económicas muy inferiores a las que pedía el fiscal en su escrito de acusación provisional (80.000 y 350.000 euros).

La esposa de H.D. ha sido condenada a seis meses y un día de prisión. La nuera, al decomiso de 8.000 euros; y la mujer de Fernando Jiménez Fornell, a un año de cárcel, multa de 35.000 euros y comiso de 7.500.

Tal y como recoge la tabla que acompaña a esta información, todos los procesados se han beneficiado de importantes rebajas en las cantidades económicas que deben reintegrar (por haberlas obtenido ilícitamente). Así, por ejemplo, la Fiscalía solicitaba para el ex arquitecto municipal el comiso de 246.740 euros, si bien al final sólo le serán confiscados 7.500 euros.

Esta causa se inició en 2009 cuando funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la UDYCO y de la Agencia Tributaria llevaron a cabo diversas investigaciones sobre el patrimonio y las actividades económicas y mercantiles de H.D., Fornell, Rodríguez y sus familiares más directos para saber si estaban ocultando ganancias y beneficios obtenidos de manera ilícita.

A partir de estas pesquisas, se detectó que todos los implicados en este caso tenían unos ingresos en cuentas corrientes, generalmente en efectivo, y un patrimonio que no se ajustaban con las ganancias acreditadas procedentes de sus trabajos y profesiones habituales, disponiendo todos ellos de una capacidad económica muy superior a la que teóricamente deberían tener a tenor de sus rentas declaradas a la Hacienda Pública.

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