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La Intervención General del Estado avala la teoría del fraude en Bomberos

  • Un informe pericial encargado por la jueza confirma la malversación de casi ocho millones de euros denunciada por el SBC

Andrés Beffa (d), ex presidente del CPBC, llegando a declarar al juzgado. Andrés Beffa (d), ex presidente del CPBC, llegando a declarar al juzgado.

Andrés Beffa (d), ex presidente del CPBC, llegando a declarar al juzgado. / jesús marín.

Un informe pericial de la Intervención General del Estado confirma la presunta malversación de caudales públicos y la prevaricación realizada durante años por parte de dirigentes del Consorcio Provincial de Bomberos. En el informe, solicitado por la jueza que instruye el caso, se destaca el trabajo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Cádiz, cuyos agentes cifraron en casi 8 millones de euros el dinero defraudado por esta trama. Ahora, esta prueba pericial aportada por la Intervención General del Estado se añadirá a la instrucción, que todavía sigue su curso, ya que durante los últimos meses se han ido sucediendo la toma de declaración a testigos e implicados, tanto del Consorcio como de una empresa de formación madrileña llamada Formatekno.

La denominada Operación Flama se inició hace casi cinco años después de que el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) interpusiera una denuncia ante Fiscalía por presuntas irregularidades en el Consorcio. En 2013 el SBC se percató de la contratación, ilícita a su entender, de un seguro de jubilación anticipada por parte de directivos del Consorcio para sus funcionarios operativos en los que existía una gran diferencia entre algunos beneficiarios de esa póliza y otros. Posteriormente, tras la minuciosa investigación policial, se airearon unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del Consorcio Provincial de Bomberos, de los que se encargaba la firma madrileña antes citada.

Entre los cargos del Consorcio implicados, y que tras ser citados por la jueza se acogieron a su derecho de no declarar, se encuentran el ex presidente, Andrés Beffa; el ex gerente Javier Otálora; el jefe de formación, el interventor, el tesorero y la secretaria general accidental. A todos ellos se les está investigando como presuntos autores de delitos como prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y nombramiento ilegal.

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