El derribo de la casa rural ilegal ubicada en el paraje de Tavizna, en Benaocaz, cogió ayer por sorpresa a casi todos. La Junta de Andalucía ejecutó al segundo intento y sin contratiempos la orden de demolición contra esta edificación, que se vio frenada hace un mes debido a que unos 200 vecinos, apoyados por el Ayuntamiento, impidieron la operación.

Esta vez no hubo avisos. La Consejería de Medio Ambiente mandó las máquinas al emplazamiento con la pertinente autorización judicial pero sin comunicar sus intenciones ni al Ayuntamiento ni a los propietarios del inmueble. A toda costa se quiso evitar las escenas del pasado día 29 de diciembre cuando vecinos bloquearon con sus vehículos los accesos a esta edificación y consiguieron retrasar el derribo.

Sobre las ocho y media de la mañana, una piqueta excavadora comenzó a desmantelar este inmueble de 230 metros de superficie apoyada por varias docenas de agentes de la Policía Autonómica, que acordonaron la zona para custodiar el emplazamiento y evitar altercados. En poco más de cuatro horas, la vivienda, de dos plantas, que se construyó en un espacio protegido dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y dentro de la vía pecuaria la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar, quedó derruida.

No hubo apenas testigos vecinales durante las labores. Sólo el alcalde Juan María Mangana (PP), acompañado de la teniente de alcalde, María Luisa Sánchez Toro (PP), se trasladaron hasta el lugar para comprobar los hechos. También se personó el secretario general de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Juan Gervilla, que levantó acta del derribo para posteriormente trasladarlo a la autoridad judicial en Jerez.

La polémica casa ha sido fruto de una ardua batalla entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benaocaz. El edificio desaparecido, que estaba a medio construir, se ubica en la finca La Hedionda. Fue levantado en 2001 sin certificados de obras y al margen de la legalidad en una parcela enclavada en el Parque Natural de Grazalema, lo que provocó la denuncia y la apertura de un procedimiento sancionador que obligó al propietario a su demolición. Al no hacer efectiva esta obligación, la Junta ha actuado ahora de manera subsidiaria para devolver el espacio a su estado original. El infractor tendrá que pagar los costes de la operación, que ascienden a 98.000 euros.

Este caso ha traído controversias y enfrentamientos políticos entre populares y socialistas. Todo empezó hace un par de meses cuando el Consistorio exigió a la Junta que pidiera una licencia municipal para proceder a cumplir con el expediente sancionador del derribo. Sin embargo, la Delegación Provincial de Medio Ambiente objetó, apoyada por informes jurídicos, que no necesitaba licencia alguna en base al "principio de lealtad institucional entre administraciones" y amparada en la Ley de Procedimiento Administrativo.

En todo momento, el propietario de la casa, Francisco Coronil, ha defendido que no se trataba de un hotel -como defiende la Junta-, sino de una edificación para su mujer y sus hijos. Un miembro de la familia expresaba ayer su consternación por lo sucedido, asegurando que la Junta de Andalucía "se ha salido con la suya". "Nos hemos enterado de que las máquinas estaban derribando la casa a las diez de la mañana", dijo. Este familiar quiso reiterar que la edificación "no es un hotel" y que se construyó parte para albergar tres viviendas.

Por su parte, la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, aseguró tras esta operación que su objetivo es "hacer cumplir la legalidad medioambiental actuando contra todas aquellas construcciones y ocupaciones ilícitas en los montes públicos, zonas de servidumbre de protección y espacios naturales protegidos". Araujo sentenció: "Ésa es la política que estamos siguiendo y vamos a seguir siendo tajantes".

Cabe recordar que Medio Ambiente puso el pasado mes de diciembre en conocimiento del juez los hechos protagonizados por los vecinos que impidieron el paso de las máquinas en el primer intento del derribo. También trasladó un escrito a la Fiscalía para que comprobase si había "responsabilidades" por parte del Ayuntamiento.

El propio alcalde ha querido desvincularse de aquella movilización vecinal con los dos centenares de vecinos que bloquearon los accesos de la casa, argumentando que el único fin de su presencia allí aquel día fue "supervisar los trabajos y comprobar que no se producían incidentes". Tras conocer los hechos, el PSOE reclamó al PP la expulsión de Mangana del partido, rechazada de pleno por los populares.

Con la de Tavizna son ya siete las demoliciones que Medio Ambiente ha ejecutado en el último año en la provincia. Dos de ellas han sido en Tarifa, otras tres en El Palmar, en Vejer, por ocupar zonas de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, y otro derribo se realizó en Chipiona.