El Gobierno llegaba el pasado lunes a la Conferencia Sectorial de Migraciones con un objetivo marcado durante los meses anteriores: lograr un reparto equitativo y solidario de la atención a las personas que llegan a las costas andaluzas, especialmente de los menores no acompañados. Andalucía es la región más afectada al ser la que recibe a la mayoría de los migrantes irregulares llegados a las costas españolas, pero también otras comunidades planteaban la misma necesidad de equilibrar esfuerzos al Gobierno central ante la realidad de unos centros de menores colapsados. Sin embargo, la conferencia se cerró sin acuerdo alguno al respecto, y tras unas primeras declaraciones tibias, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, mostró ayer su "insatisfacción" por la falta de resultados en el encuentro convocado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La situación de la red de acogida a los menores migrantes en Andalucía es límite. Hasta el 31 de julio han llegado a las costas andaluzas más de 3.700 menores no acompañados que han entrado en el sistema de protección de la Junta, la Administración de la comunidad en la que desembarcan y que tiene la potestad sobre los menores en situación de desamparo. Los servicios de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se hacían cargo el pasado año más de un tercio de los niños y jóvenes en esa situación, pero ese porcentaje va creciendo. Y el resultado es que el sistema de acogida inmediata está completamente colapsado, con los centros multiplicando varias veces su capacidad, hasta por 10 en el centro de referencia de La Línea de la Concepción, cercano al principal punto de entrada de los menores. Pero tampoco hay medios en el sistema de acogida permanente para hacer frente a los programas con estos menores.

"No se ha adoptado una actitud de solidaridad territorial", dijo ayer Sánchez Rubio sobre la atención a la protección de los menores no acompañados que llegan a las costas andaluzas. En su opinión, la solución es que el Gobierno ponga en marcha medidas "directas" y "coordinadas". Lo que no habrá es más dinero además de los 30 millones extra recién invertidos, aseguró el lunes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

"Estábamos convencidos de que se adoptaría una actitud de solidaridad territorial en atención a estos menores, pero finalmente no ha sido así", recalcó la consejera andaluza antes de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que "retome" este problema en la reunión prevista para el próximo 5 de septiembre. Allí, Sánchez Rubio espera que se tomen medidas "directas" para coordinar estas políticas y que "se haga de manera solidaria entre los territorios".

La titular de Igualdad y Políticas Sociales aseguró que es "absolutamente necesaria" la coordinación entre el Gobierno y las comunidades porque "el sistema de protección de Andalucía no puede abarcar la intensidad de llegadas de menores no acompañados a las costas andaluzas".

En un insólito ejercicio de sintonía, la oposición coincidió en parte con las reclamaciones de la Junta, pero con unas críticas mucho más virulentas contra el Ejecutivo socialista de Madrid. La portavoz de Menores del PP-A en el Parlamento, Patricia Navarro, aseguró que "la solidaridad de Pedro Sánchez, empieza y termina en los márgenes del marketing político, ya que ha dejado a Andalucía a solas frente a la crisis migratoria que se está produciendo". En su opinión, el Gobierno de Susana Díaz "ha visto frustradas sus expectativas al no conseguir que se acuerde un reparto de los menores extranjeros no acompañados por todas las comunidades".