Ayer volvió a quedar claro que no corren buenos tiempos entre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y el Ayuntamiento de Cádiz y que los abrazos entre José Luis Blanco y José María González son puro teatro.

El pasado 2 de julio, la APBC notificaba al Ayuntamiento la apertura de un expediente sancionador con multa de 1.200 euros por la "cesión a terceros de las instalaciones del Club Náutico Elcano en Cádiz, otorgadas en concesión, para actividades no autorizadas en el Pliego concesional, en concreto a Cruz Roja para alojamiento temporal de personas".

Hasta ayer jueves, el Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Cádiz no recibió este documento sancionador en el que el ente que rige el histórico socialista José Luis Blanco le notificaba que la infracción era considerada leve, pero que tenía que pagar una multa de 1.200 euros por incumplir el actual título concesional que el Ayuntamiento tiene sobre el Elcano, ubicado en zona de dominio portuario.

La reacción fue inmediata, por parte del equipo del alcalde José María González, y su concejala de Presidencia, Ana Fernández, consideró que "es absolutamente increíble que nos sancionen al Ayuntamiento por ofrecer una solución temporal a la situación de desborde que vivían las organizaciones no gubernamentales ante el elevado número de personas que llegaron a nuestra costas y ante la incapacidad del Gobierno Central a ofrecer una alternativa". Fernández calificó esta acción de "racismo institucional" a la par que se pregunta "si éste es el resultado de las nuevas políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez o si es una iniciativa del PSOE local de Fran González".

Por su parte, la Autoridad Portuaria manifestó su pesar por haber tenido que proceder con este expediente sancionador ante una situación como la vivida el pasado mes de junio con la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas. "Pero la ley es la ley y las normas están para cumplirlas", decían ayer desde la APBC fuentes que querían aclarar que "si miráramos para otro lado estaríamos incurriendo en prevaricación". El ente portuario incide en que ya advirtió en enero de 2017 al Ayuntamiento de que no podía utilizar la Escuela de Vela del Club Náutico Puerto Elcano como centro de acogida provisional. Al parecer, según recuerdan desde la APBC, en ese caso de enero de 2017, el Ayuntamiento se planteó utilizar las instalaciones del Elcano para acoger a personas sin techo. En esta ocasión y, de nuevo en el más estricto cumplimiento de la normativa que rige la concesión, la APBC le recordó al equipo de Gobierno de José María González que "están prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que se destinen a edificaciones para residencia o habitación".

A su vez, la APBC le recuerda que "excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición" de este uso habitacional, es decir, como dormitorio.

"Pese a este advertencia, la Autoridad Portuaria no recibe contestación alguna por parte del Ayuntamiento de Cádiz, que ni solicita la modificación de la concesión sugerida, ni su tramitación ante el consejo de Ministros". Y es ahora, en junio, cuando la Autoridad Portuaria vuelve a tener conocimiento por los medios de comunicación del uso indebido de la concesión. Confirmado este uso , la Autoridad Portuaria se ve obligada a abrir un expediente sancionador, que lleva aparejada una sanción económica.

Sobre la cuantía de la multa (1.200 euros), desde la APBC se quiere dejar claro que el objetivo del expediente "no es en ningún caso recaudatorio". Y tanto es así que, al parecer, José Luis Blanco se ha expresado dispuesto a donar la cuantía de la sanción a algún fin social.

"La APBC tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la ley de Puertos. En caso de no hacerlo, incurriría también en una ilegalidad", indicaron ayer a Diario de Cádiz.

Ahora, el expediente abre un plazo de alegaciones que puede concluir con una rebaja o incluso con la desaparición de la sanción económica.

La concejala de Presidencia, Ana Fernández, afirmó ayer tajantemente que en "ningún momento cedimos el uso a Cruz Roja, lo pusimos a su disposición para contribuir, como institución pública que somos al servicio de la ciudadanía, en el dispositivo organizado para atender a las personas migrantes que se encontraban literalmente en la calle". Es más, "durante todo el dispositivo estuvieron presentes funcionarios del Ayuntamiento así como concejales de este Equipo de Gobierno".