El Grupo Municipal Popular está utilizando todos los medios que tiene en su haber para intentar paralizar la remunicipalización de los servicios de playas al considerar que los trámites que se están realizando no cumplen con la legalidad. Al inicio de la Junta General de Cádiz 2000, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, anunció en su primera intervención que su partido había interpuesto una denuncia en la que se señalan una serie de actuaciones que "presuntamente han constituido un perjuicio patrimonial" tanto para la sociedad municipal Cádiz 2000 como para el propio Ayuntamiento.

En primer lugar, en la denuncia se indica que el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha procedido a la subrogación del personal de los servicios de mantenimiento de playas. A partir de esta actuación, el PP considera que existen "diversas irregularidades" en "la actuación unilateral y arbitraria" de este concejal.Estas se sustentan, según los populares, en que el presidente del Consejo de Administración carece de facultades para adoptar este acuerdo y la ausencia de un acuerdo del Consejo o la Junta General para la subrogación de los servicios, de la eficacia o de medios técnicos que justifiquen su actuación, del expediente económico financiero sobre los costes del proceso de internalización y la constancia del inicio o el fin de las modificaciones presupuestarias para este asunto. Asimismo, también se considera que se incumple la Ley de Presupuestos Generales delEstado.

En otro punto, también se apunta la posibilidad de haber cometido un fraude de ley en la modificación del objeto social de Cádiz 2000 al entenderse que se está creando una nueva sociedad al producirse "una modificación sustancial del objeto de la sociedad", algo que, según el PP, se prohíbe en la disposición adicional novena de la Ley de Bases del Régimen Local.