"Todavía no me siento libre". Son las palabras de Rafael Ricardi Robles, el portuense que ha pasado 13 años de prisión por una violación que no cometió y que actualmente permanece a la espera para que, de una vez por todas, sea liberado de los trámites legales con los que debe de cumplir desde que salió de la prisión de Topas (Salamanca).

A día de hoy, Ricardi sigue teniendo que ir a "fichar" a los juzgados de Cádiz a pesar de que el Tribunal Supremo, que no admitió el error judicial, anuló la sentencia que lo declaraba culpable. El pasado día 14 acudió de nuevo para firmar su tercer grado y deberá presentarse el próximo viernes para hacer lo propio.

"Sólo pido que se acelere la justicia", reclama Ricardi, que lamenta la enorme tardanza en considerarse oficialmente una persona libre. "Mi abogada ha llamado a Madrid y estamos pendientes del fax", explica.

Ocurre que al encontrarnos en los meses de verano, toda la burocracia de los juzgados se ha visto interrumpida o ralentizada afectando directamente a Rafael Ricardi, indignado ante un proceso de puesta en libertad que no parece llegar nunca.

La abogada de la asociación Pro Derechos Humanos Antonia Alba -que trabaja gratuitamente en el caso-, mostró a este periódico su optimismo de cara a que se terminen las gestiones de su puesta en libertad: "Todavía no ha llegado la resolución judicial, por eso tiene que personarse en Cádiz. Confiamos que durante el mes septiembre, cuando se reanude la actividad en los juzgados, la Audiencia Provincial suprima el tercer grado", dice.

Rafael Ricardi habla con síntomas de hastío. Asegura estar cansado de esperar su ansiada libertad y no poder dar carpetazo a una situación que desea olvidar cuanto antes.

En la actualidad Ricardi sobrevive como puede con una ínfima asignación de paro carcelario. 421 euros mensuales -a todas luces insuficientes- para un hombre que espera un hijo y que tiene que mantener un hogar. Él y su pareja viven en un céntrico apartamento de El Puerto cuyo alquiler le exige la mitad de su sueldo. "La pasada semana nos cortaron la luz. Hemos llegado a deber dinero al casero. Lo estamos pasando realmente mal", comenta Ricardi, que sigue en la búsqueda de un empleo que le permita vivir dignamente.

De las posibles indemnizaciones nada se conoce. Ricardi y sus abogados confiaban en que el Ministerio de Justicia actuara de oficio y tuviera un gesto similar al del caso Wanninkhof, ofreciéndole una indemnización sin necesidad de llevar a cabo una reclamación ya sea por error judicial o por un anormal funcionamiento de la justicia.

A día de hoy Ricardi, que pasa por una mala racha económica, no ha recibido "ni un solo euro" por parte del Gobierno. Asegura que por su condición de ex-convicto encuentra muchos impedimentos a la hora de conseguir un empleo digno. Además, Rafael arrastra problemas de salud desde que salió de prisión, lo que le imposibilita dedicarse a algunos oficios. "Sólo quiero que se me pague lo que sea justo para poder vivir tranquilamente el resto de mi vida", decía Ricardi al publicarse la anulación de la sentencia por parte del Supremo.

La historia de Rafael Ricardi parece el cuento de nunca acabar. Su situación demanda una inminente actuación judicial que intente subsanar el daño provocado a una persona que ha quedado marcada de por vida por un lamentable error judicial. ¿Hasta cuándo va a seguir pagando por un delito que se ha demostrado que no cometió?