Contaban hace poco tiempo los sociólogos que durante los años más terribles de la reciente crisis económica los divorcios y rupturas matrimoniales habían descendido de manera brusca en todo el país. Ante la falta de recursos económicos, las parejas mal avenidas tenían que tirar de pragmatismo. “No nos podemos ver pero no tenemos recursos para ir cada uno por un lado; así que mientras la cosa no cambie, vamos a llevarnos lo mejor posible”, parecía ser la reflexión habitual en esas situaciones. Pues algo similar parece estar sucediendo en los tiempos que corren en muchos ayuntamientos de la provincia, donde los políticos parecen verse obligados a mantener sus matrimonios de conveniencia con sus socios pese a las múltiples disputas internas. Y es que las estrecheces son muchas, no tanto en el aspecto de los recursos económicos (que también) sino por el poco espacio político que va quedando tras la irrupción en los últimos años de nuevas formaciones políticas (Podemos, Ciudadanos y ahora Vox) y el declive cada vez más notorio del bipartidismo. Y en tiempos de estrecheces, más vale juntos que peleados. También en política.

Hay un dato muy llamativo: de los 11 pactos de gobierno que se han firmado en la provincia en el inicio y durante el transcurso del actual mandato corporativo, sólo tres de ellos han terminado saltando por los aires. Y ese porcentaje es irrisorio en una provincia como la gaditana en la que las rupturas de acuerdos de gobierno estaban casi siempre a la orden del día, sobre todo en momentos como los actuales en los que las elecciones municipales asoman en el horizonte y a muchas formaciones políticas les interesa que se visualice un distanciamiento de los que han sido sus socios en estos años.

De los tres pactos de gobierno que se vinieron abajo en este mandato, el que más ruido originó fue el de El Puerto. A mediados de 2016 se acababa la historia del tripartito que había echado de la Alcaldía a Alfonso Candón (PP) pese a su victoria –clara pero insuficiente– en las urnas un año antes. Pese a lo prometido en la campaña electoral, y debido a cuestiones legales, el alcalde, David de la Encina (PSOE), no tuvo más remedio que firmar la licencia para la construcción del aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces. IU asintió pero los concejales de la agrupación de electores Levantemos le dieron la espalda a la máxima autoridad municipal, que reaccionó de inmediato cesando de sus funciones a estos ediles. El gobierno (ya sólo de PSOE e IU) empezó a gobernar en minoría, hasta hoy.

También se quedó en minoría el año pasado el gobierno socialista de la Diputación que preside Irene García. La condena de dos años y medio de inhabilitación a la andalucista Maribel Peinado por no facilitar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real la obligó a dimitir y el PSOE prefirió no renovar el acuerdo de gobierno suscrito en 2015 con los andalucistas. Pese a ello el fantasma de una moción de censura ni siquiera se ha asomado estos cuatro años por la Diputación gaditana.

Y el tercer pacto que ha desaparecido ha sido el de Prado del Rey. La pérdida de ayudas de unos fondos del Profea llevó al PA a romper su alianza con el alcalde José Ramón Becerra (PP). Lo curioso es que esta decisión sólo la tomó uno de los dos ediles andalucistas, porque la otra sigue en el gobierno. Pero el PP, eso sí, ha quedado ya en minoría.

En el otro lado de la balanza hay que situar los ocho pactos que aún siguen en vigor en la provincia y que se localizan en Cádiz, San Fernando, Chiclana, La Línea, Puerto Real, Rota, Tarifa y Castellar.

Y es que las estrecheces en política obligan a un mayor ejercicio de diálogo entre los partidos, algo que conocen muy bien los 18 alcaldes que han logrado salvar el poder pese a contar con una minoría que, incluso, en algunos casos ha sido muy exigua, como pueden atestiguar regidores como los de Jerez, El Puerto, Barbate o Chipiona, entre otros.