Desde junio de 2017 hasta septiembre de 2018 se han presentado en Cádiz más de 10.000 demandas de cláusulas suelo. Es decir, en poco más de un año, los juzgados gaditanos encargados de gestionar estos asuntos de cláusulas abusivas se han visto colapsados por una avalancha de casos que se cifran, aproximadamente, en torno a los 10.700. 

De estas 10.700 demandas, unas 5.000 entraron el año pasado en el Juzgado 2 Bis, el órgano designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tramitar estos procedimientos de manera exclusiva. De esos 5000 asuntos, 3.829 siguen, aún hoy, en trámite, esto es, no tienen sentencia. 

Ante el más que evidente atasco generado en dicho Juzgado Bis, donde la plantilla se reduce a dos jueces de refuerzo, seis funcionarios y un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), se acordó que desde el 1 de enero de 2018 fuese el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz el encargado de resolver, también en exclusiva, las cláusulas suelo. Pues bien, este órgano ha registrado en lo que va de año 5.740 asuntos relacionados con las condiciones generales de la contratación, una cifra a la que habría que sumar todos aquellos procedimientos judiciales iniciados antes de 2018 y que no se refieren a suelo.

Una funcionaria en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz.

"El colapso es tremendo", explica Isabel Cadenas, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 2. Sin embargo, "según los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no existe tal colapso, se trata simplemente de una concentración de asuntos", critica con sorna la jueza. 

Para Cadenas, "la carga de trabajo es inasumible si tenemos en cuenta el personal del que disponemos: ocho funcionarios, un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y una jueza". Un dato que deja en evidencia la sobrecarga en este órgano judicial es que en este mes de octubre se han empezado a tramitar, que no a resolver, las demandas que entraron el pasado abril. Otro dato llamativo es que el último juicio sobre cláusulas suelo se ha señalado para junio de 2020, casi dos años vista. "Incluso hemos optado por paralizar las fechas de los juicios hasta que el juzgado no se vea reforzado".

La magistrada Isabel Cadenas denuncia así que "se está incumpliendo el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que establecía que la especialización supondría una dotación de un juez por cada 900 asuntos. En base a este acuerdo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz tendría que contar con cinco jueces, y el Bis, con otros cinco más, cuando no es así". 

Sin personal suficiente, las demandas se apilan por miles a la espera de que alguna administración ofrezca una solución al problema. "Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dicen que el Consejo General del Poder Judicial no tiene previsto reforzar los juzgados especializados en suelo; el Ministerio de Justicia no se plantea ampliar el número de LAJ; y la Junta de Andalucía tampoco baraja aumentar la planta de funcionarios. En definitiva, las administraciones están a la espera de que alguna dé el primer paso", argumenta la magistrada.

Personal en la sede de San José.

Isabel Cadenas pone sobre la mesa dos soluciones para desatascar este embudo judicial: "O se aumenta la plantilla o se pone fin a la medida de la exclusividad de manera que todas las demandas de suelo que entren se repartan entre todos los juzgados de instancia y no sólo al 2".