El fiscal ha pedido que el edil del Ayuntamiento linense Manuel Aguilera, y el anterior y actual jefe de la Policía Local de la localidad David Iria González y Carlos José Fernández, respectivamente, vayan a juicio por el caso del coche destrozado en el depósito municipal, por el que están imputados, el cual se celebrará en el Juzgado de lo Penal de Algeciras. Así se lo ha hecho saber al juzgado de instrucción número 3 de la Línea, mediante diligencias previas.

El fiscal solicita para Manuel Aguilera, concejal de Seguridad Ciudadana en La Línea en 2000 y ahora edil con otras competencias, una pena de dos años y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, y multa de 16 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Para Iria y Fernández pide nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 20 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, David Iria y Carlos José Fernández abonarán a Nuria Gil Mena, por los desperfectos ocasionados a su vehículo, la cantidad de 859,20 euros más los correspondientes intereses legales.

Las diligencias previas reflejan que los hechos, que tuvieron lugar el 3 de diciembre del año 2000, son constitutivos de un delito de daños y de un delito de prevaricación, que supuestamente habrían cometido David Iria y José Carlos Fernández, y un delito de obstrucción a la justicia, supuestamente realizado por Manuel Aguilera. Ese día, Miguel Ángel Fermín Ortigosa, policía local, denunció en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de La Línea haber sido objeto de agresiones físicas por parte de los ocupantes de un turismo Volkswagen Golf.

Continúa diciendo que el mismo día la Policía Local llevó a cabo la búsqueda del vehículo, propiedad de Nuria Gil Mena, así como de los supuestos agresores del agente. El vehículo fue localizado, correctamente estacionado. Los policías locales ahora acusados, David Iria y José Carlos Fernández, "a sabiendas de que carecían de título para acordarlo, así como de la innecesariedad de la medida (al estar estacionado de forma correcta), ordenaron el traslado del vehículo al depósito municipal al empleado del servicio municipal de grúas Manuel Sanchís Rojas".

"Acto seguido los dos acusados citados, acompañados de otros policías locales no identificados, se personaron en el depósito y, tras localizar el vehículo, el acusado Carlos José Fernández Carrasco comenzó a golpearlo con la aquiescencia del otro acusado, David Iria González, de tal modo que rompió los faros delanteros, el faro antiniebla izquierdo, limpiaparabrisas trasero, luces de freno, luna delantera, custodias traseras, rejilla y moldura de la puerta", indica el documento judicial. El texto señala también que posteriormente a los hechos relatados, "el tercer acusado, Manuel Aguilera citó en su despacho oficial a los gruístas Antonio López López y Manuel Sanchís Rojas, presentes en el depósito municipal cuando ocurrieron los anteriores hechos y testigos en las actuaciones judiciales".

Además, indica que "como quiera que ambos empleados manifestaran ante el acusado lo ocurrido, éste los conminó con el despido de los dos trabajadores, así como el de la mujer del señor López, trabajadora municipal, caso de que contarán lo acaecido con el vehículo".