Los hosteleros de El Palmar se han unido bajo el paraguas de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) para solicitar la regularización de sus negocios tras un final de verano en el que varios de ellos han sido precintados al no tener toda la documentación en regla. Una legalización que pasa por la derogación de las Normas Subsidiarias de Vejer del año 1988, posibilitando que estas instalaciones queden incluidas en el futuro PGOU.

En la tarde del pasado lunes, empresarios y representantes de AECCA se reunieron para establecer los pasos a seguir para conseguir este propósito. Una actuación que se iniciará con el envío de una carta tanto al Ayuntamiento de Vejer como a la Junta de Andalucía para que tomen en cuenta sus reivindicaciones. Si no reciben una contestación de las administraciones, esta asociación interpondrá un recurso contencioso-administrativo.

El presidente de AECCA, Miguel Ángel Sánchez, afirmó que la actual normativa "está obsoleta", por lo que, tras el convulso final de verano, el objetivo de esta entidad es "poder abrir el verano que viene. Si no lo dice el Ayuntamiento, que lo diga un juzgado".

Sánchez resaltó que los chiringuitos se empezaron a cerrar "en plena temporada alta, con lo que eso conlleva tanto para el servicio como para los trabajadores". De hecho, según los datos de AECCA, la clausura de chiringuitos como El Dorado, Origen, El Cartero o La Carmela ha afectado a unos 200 puestos de trabajo.

Este problema no ha sido exclusivo del verano que está a punto de acabar, sino que se ha repetido en los años anteriores. El representante de los hosteleros denunció que "no puedes hacer un equipo de trabajo sin tener ninguna seguridad jurídica". Para ello, hace referencia al problema que tienen los empresarios para solicitar una licencia de apertura, ya que "el Ayuntamiento te dice que vayas a la Junta de Andalucía a pedir una autorización de uso y la Junta, a su vez, te va a pedir un certificado de compatibilidad que el Ayuntamiento te lo niega. Nos encontramos siempre encajonados desde hace más de 10 años".

Con todo, también apuntó que a los hosteleros "les dicen que no tienen licencia de apertura. Sin embargo, muchos de estos establecimientos tienen la licencia de apertura pagada para los próximos cuatro años. Ellos pagan la licencia, pero no se la dan en base a esta ley -en referencia a las Normas Subsidiarias-". A esto, Sánchez unió que "no se entiende por qué unos establecimientos están abiertos y otros están cerrados" .

Con todo, el presidente de AECCA precisó sobre la posibilidad de que este asunto acabe en la vía penal que, "de momento, no la estamos valorando", ya que "lo que se quiere es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y que lo regularice de una vez". Una decisión, la de ir por la vía penal, que también dependerá de lo que estime cada establecimiento por separado. Una vez estudiada cada situación, Sánchez afirmó que, "en el caso en el que proceda, iremos adonde tengamos que ir".