La crisis ha desnudado de un plumazo a muchos sectores y ha puesto de relieve carencias o debilidades que permanecían ocultas bajo el manto de las altas rentabilidades. En la Administración de Justicia, la recesión también ha tenido este efecto "destape", pero de forma contraria, ya que mientras el país se paraliza y muchas familias están con el agua al cuello, los tribunales no paran de registrar un incesante aumento de casos y lo que llega al cuello no es el agua, sino las pilas de expedientes.

El aumento de la litigiosidad por los cierres de empresas, las reclamaciones o las demandas por impago ha agudizado los déficits estructurales y ha puesto al sistema judicial en pie de guerra contra el Gobierno, con quien mantiene un férreo pulso a raíz del caso de Mari Luz por lo que considera una "injerencia" del poder ejecutivo en el judicial.

En la provincia, la última respuesta de la Junta de Magistrados ha sido el anuncio de una hora de paro y de una jornada de puertas abiertas para el próximo 18 de febrero. El objetivo no es otro que, precisamente, destapar a la opinión pública gaditana esa escasez de infraestructuras y medios, humanos y materiales, que sufren los juzgados de la provincia.

En este tour de penurias, los ciudadanos se encontrarán con uno de los peores grados de saturación del país. Según la exhaustiva estadística que realiza el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales de Cádiz tenían al término del tercer trimestre de 2008 una tasa de congestión del 2,31. Es decir, por cada asunto que se resuelve hay más de dos atrasados y pendientes de auto o sentencia. Este nivel de saturación es el segundo más alto de Andalucía y uno de los mayores de España, según evidencian los datos registrados y publicados por el CGPJ. En la Comunidad andaluza, sólo Huelva, con una tasa de 2,43, supera a la provincia gaditana, mientras que la administración menos atascada es la de Córdoba, con 1,81 asuntos retrasados por cada sentencia dictada.

Si estos valores relativos no son suficientemente elocuentes, los absolutos sí dan una medida clara de la situación judicial actual: los tribunales de la provincia resolvieron en ese periodo 56.000 expedientes, pero mantenían abiertos otros 74.000.

El volumen de actividad se ha multiplicado y si en 2007, la media de casos pendientes por órgano era de 600, en el tercer trimestre de 2008 se rozaron ya los 700. Cien más en un solo año. Y, eso sí, no se trata de que hayan bajado las resoluciones. Éstas también han ido en aumento y se ha pasado de un promedio de 500 veredictos por juzgado al trimestre a los 530 y hasta 560 durante este año.

Por jurisdicciones, las peores condiciones se dan, con diferencia, en los juzgados de Menores, donde el deterioro es grave no sólo por el volumen de los casos pendientes sino también por el delicado ámbito que atañe. Tanto en el ámbito civil como en el penal, las tasas de estos juzgados destacan sobremanera, pero es sangrante en la primera: un 10,24, el nivel más elevado que registra el sistema judicial gaditano.

A esta congestión ordinaria se han sumado ahora otras dos extraordinarias que son consecuencia directa de la crisis: las de lo Mercantil y lo Social (en este segundo ámbito, la recesión ha agravado unas carencias latentes y denunciadas también desde hace tiempo). La saturación en el Juzgado de lo Mercantil, que dirige la actual decana de los magistrados de Cádiz, Nuria Orellana, se ha disparado hasta el 6,7 como consecuencia de la multiplicación de los concursos de acreedores. Según un reciente informe del Consejo General sobre la incidencia de la crisis en los juzgados, el despacho de Orellana no ha bajado de los quince procesos concursales al trimestre, lo que implica un aumento medio del 433% con respecto a 2007. Es una subida superior a la experimentada en el conjunto de Andalucía y en España, y con ello evidencia el mayor impacto que el cambio de ciclo económico ha tenido en el tejido empresarial de la provincia.

Un dato es suficientemente revelador del estado de este órgano: en todo 2007 registró un total de 18 casos, y esta cifra se había superado ya en primavera el pasado año. El ejercicio terminó con cerca de sesenta causas abiertas, el triple. La reacción no se hizo esperar y antes de que terminara el año, el CGPJ aprobó la creación de nuevos juzgados en todo el país, uno de ellos de refuerzo para Cádiz y dos funcionarios de apoyo todavía pendientes, con el objetivo de paliar este inmenso atasco formado precipitadamente.

En la jurisdicción de lo Social, la acumulación de asuntos se ha producido por la fuerte subida de las demandas por despido (516 en el tercer trimestre de 2008, un 56% más que en 2007) y las reclamaciones de cantidades (también 516, un 19,2% más). En ambos casos el incremento ha sido inferior al andaluz y al español, pero ha sido suficiente como para apuntillar el grado de colapso de este ámbito.