Provincia

El obispo de Cádiz pidió la ayuda para el geriátrico "con buena voluntad"

  • Defiende ante la juez de los ERE que actuó para "salvar" los puestos de trabajo afectados

El obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos Atienza, aseguró ayer a la juez María Núñez Bolaños que solicitó con "buena voluntad" una ayuda de 300.000 euros para los trabajadores del centro geriátrico del obispado, y con el objetivo de "salvar" estos empleos.

Monseñor Ceballos compareció ante la instructora por espacio de sólo diez minutos y al inicio de la declaración protagonizó una anécdota con la magistrada de los ERE, a la que le explicó sus problemas de enfermedad. "He estado a punto de comparecer ante el otro juez, el juez de la Tierra y el Cielo que es Jesucristo, y con la misma sinceridad y transparencia comparezco hoy ante usted", expresó el obispo emérito.

En su declaración como investigado, Antonio Ceballos reconoció que firmó la carta enviada al consejero de Empleo Antonio Fernández solicitando la ayuda, algo que hizo "en defensa de los puestos de trabajo" y una vez concedida también se lo agradeció al entonces titular andaluz de Empleo porque se "salvaron los puestos de trabajo y el dinero se aplicó" para ese fin, si bien el obispo dijo que de la subvención se encargó "la oficina del Arzobispado". Monseñor añadió que tiene "mucha sensibilidad con el colectivo de los pobres, los trabajadores y de los enfermos" e insistió en que solicitó la ayuda porque el geriátrico "daba muy buen servicio" a la ciudad de Cádiz.

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le dijo al investigado que no había pedido su imputación, pero ya que ésta había sido acordada iba a hacerle algunas preguntas, y la juez María Núñez Bolaños le preguntó si tuvo conciencia de que estaba haciendo algo ilegal cuando solicitó la ayuda. El obispo emérito respondió que aunque no sabía si había entendido bien la pregunta, lo que hizo fue agradecérselo al consejero.

Al término de su declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Antonio Ceballos atendió a los periodistas, insistiendo en que actuó de buena fe. "Lo hice con buena voluntad porque soy sensible a los puestos de trabajo, lo mismo si se hubiera tratado de ustedes hubiera hecho lo mismo", aseveró el obispo emérito, que añadió: "La ayuda se me concedió y le di las gracias de que se me concediera porque esos puestos de trabajo están hoy ejerciéndose".

La juez instructora consideró en un auto dictado en marzo pasado que los hechos que se imputan al obispo emérito podrían presentar características que "hacen presumir la existencia de una infracción penal" y decidió imputar además de otros cuatro investigados: el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras. Estos investigados se acogieron, en su mayoría, a su derecho a no declarar.

La decisión de la magistrada se produjo tras recibir un atestado remitido por la Guardia Civil de Algeciras, en el que solicitaba estas imputaciones. El informe consideraba que puede existir responsabilidad penal del prelado "por su intervención directa en los hechos con los responsables" de la Consejería de Empleo para la consecución de una ayuda económica "prescindiendo del procedimiento establecido y vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia que debe regir los actos de la administración pública".

La Consejería de Economía de la Junta acordó en febrero del 2013 el archivo de las actuaciones para solicitar la devolución de esta ayuda. La decisión contaba con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, al entender que la exigencia de la devolución iría en contra de la "buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios".

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