El mes que viene se cumplen 30 años de la fotografía de Ildefonso Sena en el periódico Europa Sur del primer fallecido en las costas andaluzas. Son 30 años que nos recuerdan que las personas que quieren emigrar, como otro día lo hicieron los andaluces, no pueden hacerlo bajo unas condiciones mínimas de seguridad. Son 30 años y estas personas siguen arriesgando la vida.

Y ustedes dirán que qué tiene que ver esta macabra efeméride con la privatización del sistema de protección. Pues sí; sí tiene que ver y mucho. Ante la imposibilidad de venir de manera segura hasta Europa, estas personas prefieren arriesgar su vida. Y no solo eso; también obliga a muchas familias a pensar que, si sus hijos se arriesgan, luego van a tener más posibilidades de inclusión debido a la protección que les atiende antes de la mayoría de edad.

La percepción arraigada en Marruecos es que la emigración es la única palanca de cambio social

Es decir, el sistema obliga de alguna manera a que muchas familias arriesguen las vidas de sus hijos con la idea de que tendrán más oportunidades, todo ello bajo la percepción muy arraigada en Marruecos de que la emigración es la única palanca de cambio social para muchas capas desfavorecidas de la sociedad.

Ante esta realidad y su consiguiente aumento cuantitativo en nuestras costas, recordemos que ACNUR ya cifra en un 15% del total la llegada de menores migrantes, los centros se encuentran masificados, algo que era previsible.

Ante la inoperancia, falta de ideas, interés y recursos, la Junta de Andalucía sólo aboga por dos tipos de soluciones: el almacenamiento y la dispersión.

Almacenamiento porque en los centros a donde se llevan a estos menores se han abandonado los planes de inclusión y educativos. Por eso se marchan. Teoría por cierto a la que ya se ha apuntado algún fiscal.

Y de dispersión porque sin preguntarles, se les lleva a centros por todos los pueblos de Andalucía, que no pasan pos sus intereses ni su proyecto migratorio. Por eso también se ponen en manos de las mafias para que les lleven a otros lugares.

Ante este panorama, muchos operadores serios no quieren trabajar en la temática de los menores migrantes y otros que existían ya no lo hacen. El resultado, por tanto, es la subcontratación y privatización prácticamente a un solo operador privado. Eso está dando esa privatización encubierta del sistema de protección y también una tremenda falta de calidad en la atención.

¿Y quién sufre esto? Los niños. Esperemos que esto finalmente no redunde también en la seguridad de todos. Invertir en infancia es invertir en futuro.