La última vez que todas las administraciones presentaron al unísono su nuevo plan para desarrollar Las Aletas, anunciaron una inversión de casi 766 millones de euros. Fue en 2014. Poco después, el Consejo de Ministros avalaba esta actuación aprobando la reserva demanial, por la que se autorizaba actuar sobre los terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. Lo que ocurrió después ya es conocido. El Tribunal Supremo, por segunda vez, decía que no es posible actuar sobre ese terreno protegido más allá de las actuaciones que la Ley de Costas contempla: por ejemplo, un puerto, que por definición debe estar en ese tipo de suelo. Pero poco más y, desde luego, nada de lo que se incluía, de nuevo erróneamente, en ese proyecto millonario de 2014. Sólo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, el Gobierno destina a Las Aletas unos 911.000 euros. A los que hay que sumar los más de 90 millones que esperan su momento en varias cuentas corrientes del Consorcio.

Ahora surgen varias dudas. Una es qué hacer. De un lado, parece que todos los actores, desde administraciones a agentes económicos y sociales, quieren seguir adelante con Las Aletas, pero en aquella parte del terreno que no está afectada por el dominio público. Es decir, las 140 hectáreas que están más cerca del núcleo urbano de Puerto Real (y por tanto más alejadas de la costa).

Ante esta tesitura, de llevarse a cabo y contando con que haya que elaborar un nuevo proyecto y ser aprobado siguiendo los cauces habituales por el Gobierno, podrían pasar otros dos años de tramitación. Estaríamos hablando del año 2019 (salvo que se improvise algún procedimiento de urgencia). De ser así, Las Aletas comenzaría en la misma zona que Puerto Real ya quiso emprender hace nada menos que 15 años. En 2004, el entonces alcalde, José Antonio Barroso (IU), y su teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Noria (hoy presidente del comité del astillero puertorrealeño), ya idearon una actuación en esa misma superficie para desarrollarla como polígono industrial, comercial, terciario y de ocio. Pero llegó la Junta de Andalucía, con su consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, a la cabeza, y decidió que el suelo de Las Aletas era patrimonio andaluz.

Desde entonces, la historia es de sobra conocida. Pero esta intervención de la Administración autonómica, y después de la estatal, tiene otra consecuencia, igualmente inacabada: la situación de los suelos expropiados a particulares.

Los pequeños dueños privados de terrenos llegaron en su día a un acuerdo de expropiación, con un justiprecio (pago de una cantidad por ceder la propiedad) que la Junta desembolsó. Pero otro, los dueños de las grandes extensiones de suelo que forman Las Aletas, aún esperan una solución.

Uno de ellos es Manuel Gómez. Es el responsable de Comunidades del Sur y, con su esposa, posee 40 hectáreas de terreno (400.000 metros cuadrados). En su caso, como en casi todos, ha visto cómo la justicia anulaba hasta en dos ocasiones los justiprecios impuestos por la Junta de Andalucía. Manuel Gómez recordó que la Junta le "propuso" una cantidad como resultado de la expropiación de los terrenos "irrisoria" en comparación con otros suelos anexos a los suyos. De ahí que recurriera y, tras el segundo intento de la Administración autonómica, decidió insistir en lo que cree su derecho: pedir un precio justo.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó en julio de 2015 declarar como "terminado por desistimiento de la Junta de Andalucía el recurso de casación" que interpuso la Administración, por la que se aprobaba la relación de bienes y derechos afectados por la urgente ocupación del expediente de expropiación forzosa del proyecto de actuación de Las Aletas.

Con esta resolución judicial, más la del Tribunal Supremo que afecta a todo el proyecto, Manuel Gómez considera que, en la actualidad, los suelos vuelven a tener el uso que disponía el Plan General de Ordenación Urbana vigente en 1997: suelo industrial no programado. Dicho de otro modo: hoy mismo podrían darse ya las primeras licencias de obras para actuar en esa parte del terreno.

El otro gran caso es el de Dehesa Norte. Durante más de tres años usó estos suelos para la explotación de un arrozal. En este caso se trata de casi la mitad de Las Aletas, 204 hectáreas ubicadas en la zona que el proyecto contempla para la zona logística. Intentaron iniciar su propio desarrollo de esta parte del polígono, pero entró en acción la Junta de Andalucía, justo cuando el Ayuntamiento de Puerto Real preparaba su planeamiento.

Con el paso del tiempo, el equipo jurídico de Dehesa Norte acabó interponiendo dos recursos. Uno, contra la Junta de Andalucía por el proceso de expropiación iniciado y que ha seguido el mismo camino de la propiedad de Manuel Gómez y su esposa; y otro contra el Estado, al considerar que "estos suelos no están afectados por el dominio público marítimo terrestre". Antonio Fontán, abogado de Dehesa Norte, explicó a este periódico que "el dominio público se circunscribe prácticamente a la orilla del río San Pedro, nada de 10 metros hacia adentro como sostienen; eso se puede comprobar, incluso hay informes de la propia Administración que así lo dicen".

Y aquí está la clave. Para el próximo junio esperan una sentencia, también del Tribunal Supremo, que determinará si efectivamente esos suelos forman parte o no del dominio público que fija la Ley de Costas. "Ni siquiera el deslinde del año 1971 lo refleja", asegura. En caso de que les dieran la razón, el futuro del proyecto sufriría un vuelco.

Además, la representación legal de Dehesa Norte recuerda que "durante 10 años estamos esperando que la Junta pague la expropiación, pero ésta se anuló por el TSJA, y ahora seguimos sin cobrar y con los terrenos expropiados de facto".

Por lo tanto, y con este panorama, los responsables de las distintas administraciones, más empresarios y sindicatos, tienen por delante un dilema con varias ramificaciones. Si se deciden a continuar con el proyecto, que tiene inversión y cuenta con consignación presupuestaria (solo este año, 911.000 euros del Gobierno), lo que hasta ahora se ha conocido como Las Aletas ya no será Las Aletas, será otra cosa, y tendrá como campo de actuación las 140 hectáreas del origen de los tiempos. Y esto será así, es de prever, cuando otra vez los tribunales digan a esas administraciones si existe o no acuerdo con una parte fundamental: los dueños del terreno.