Sucedió en Conil en 1991, en Tarifa en 1999 y en Chipiona en 2011. Tras las elecciones municipales de esos años, en las sesiones constituyentes de esos ayuntamientos, concejales de un partido independiente, del PP y del PSOE regalaron respectivamente sus votos al candidato de la lista menos votada -en los tres casos el beneficiado era IU- con el único objetivo de que no gobernara quien había ganado esos comicios locales con mucha holgura pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Todo era legal, cierto es, pero, aunque la maniobra sólo terminó fructificando en Tarifa, los tres casos supusieron un retorcimiento de la normativa legal y un ninguneo con respecto a lo que habían votado los ciudadanos. Pues bien, evitar que en España se repitan casos como estos es uno de los objetivos que persigue la propuesta de reforma de la Ley Electoral que el PP ya registró formalmente en el Congreso de los Diputados a finales de julio y que será debatida a lo largo del próximo curso político en las Cortes Generales para que, si termina siendo aprobada, pueda entrar en vigor de cara a las elecciones municipales de finales de mayo de 2019.

De momento esta reforma parece haberse planteado a medio gas, sin la intención de conllevar una revolución total con respecto a la normativa ahora en vigor. Y es que el sambenito que le ha colocado de que lo que se busca es que gobierne la lista más votada es sencillamente falso. Esta propuesta de reforma no garantiza ese derecho a la candidatura que gane ls elecciones pero sí levanta diques de contención para evitar que las minorías arrinconen a quien ha ganado esos comicios con cierta holgura.

Pero tan a medio gas se ha planteado esta reforma que incluso se abre la puerta a la posibilidad de que todo siga igual e incluso que se aplique la actual Ley Electoral en aquellos municipios en los que el triunfo de una candidatura no se produzca por un margen suficientemente amplio sobre las demás listas electorales ni aún celebrándose una hipotética segunda vuelta.

La propuesta del PP registrada ya en el Congreso tiene dos piedras angulares. La primera contempla que una candidatura que ha ganado las elecciones municipales sin mayoría absoluta consiga este premio bien si obtiene el 35% de los votos y aventaja a la segunda opción en al menos cinco puntos porcentuales de diferencia o bien si logra el 30% de los votos pero distanciándose en 10 puntos de la segunda lista más votada. Si una de estas dos opciones se diera, la candidatura ganadora se haría con lo que la iniciativa planteada por el PP denomina una primademayoría, es decir, que ese partido pase a contar automáticamente con la mitad más uno de los concejales que conforman esa corporación.

Y en el caso de que estas dos opciones no se dieran en esta primera votación, se celebraría días atrás una segunda vuelta en la que participarían aquellas candidaturas que hubieran superado el 15% de los votos. Las listas ganadoras de esta segunda vuelta conseguirían la mayoría absoluta o prima de mayoría si alcanzan el 40% de los votos o si aventajan en siete puntos a la segunda lista.

Una extrapolación de esta hipotética reforma a los resultados electorales habidos en 2015 aporta una conclusión llamativa y es que no hubiera sido el PP la candidatura más favorecida. Y es que los populares no se habrían garantizado mantener alcaldías de tanto renombre como las de Madrid, Sevilla, Cádiz o Jerez.

En la provincia gaditana, 11 de los 22 municipios en los que las urnas no dieron mayorías absoluta se hubieran visto abocadas a celebrar una segunda vuelta, como en Cádiz, Jerez, San Fernando, La Línea o Puerto Real, por ejemplo.

Por el contrario, los otros 11 municipios restantes sí habrían logrado estabilidad en sus gobiernos, con seis mayoría absolutas más para el PSOE (Chiclana, Sanlúcar, Arcos, Rota, Jimena y Benalup), tres para el PP (El Puerto, Chipiona y Tarifa) y dos para el PA (Los Barrios y Barbate).

Esta es la segunda ocasión en la que el PP plantea una reforma electoral de esta índole y por ahora ya se la ha planteado a Ciudadanos, que no ha dado una negativa rotunda. El anterior intento fue en el año 2014, aunque, pese a tener entonces mayoría absoluta en el Congreso, el PP la terminó retirando al no contar con el respaldo de la mayoría de las demás formaciones políticas, en especial la del PSOE.