La semana pasada, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo aprobaba una directiva impulsada por el Partido Popular (PP) y respaldada por el resto de grupos políticos que decreta la imposición de sanciones penales para los delitos de contaminación grave procedentes de buques. La iniciativa parlamentaria, que tiene ahora que ser ratificada en abril por el pleno de la Eurocámara, tiene su origen en los continuos episodios de contaminación medioambiental que en los últimos años se han venido repitiendo en la Bahía de Algeciras y las inmediaciones del Peñón de Gibraltar y, de paso, viene a constatar que las negociaciones con las autoridades de la colonia británica han marcado buena parte de la legislatura que está próxima a acabar en el Parlamento Europeo, al menos en lo que a la gestión con influencia en la provincia de Cádiz se refiere.

La importancia de la relación con Gibraltar en el día a día de nuestro país quedó patente en un reciente seminario sobre el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea celebrado en Bruselas (Bélgica) y en el que participó una veintena de representantes de medios de comunicación de Andalucía. Europarlamentarios europeos como Luis Yáñez (PSOE), Gerardo Galeote (PP) o Willy Meyer (IU) hicieron hincapié sobre este respecto, aunque desde puntos de vista muy diferentes. Yáñez, por ejemplo, mostró el respaldo de su partido y del Grupo Socialista Europeo a los avances logrados en los últimos años por el Foro Tripartito de Diálogo y matizó que el Gobierno español "ni ha cedido ni cederá en la reivindicación de la soberanía española del Peñón". No obstante, lamentó que esta disputa histórica con el Reino Unido se mantenga a día de hoy en punto muerto "porque el resto de los estados miembros de la UE están al pairo de todo", apostilló.

Mucho más crítico se mostró el europarlamentario popular Gerardo Galeote que, apenas unos días antes de conocerse su implicación en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, centró sus críticas en el "silencio cómplice" que observa en la Junta de Andalucía. "Su pasotismo ante todos los casos de contaminación ambiental que se han repetido en el Estrecho ha sido vergonzoso", apostilló antes de preguntar en voz alta: "¿Dónde están ahora las manifestaciones que la Junta organizaba continuamente contra el anterior Gobierno del PP?".

Desde las filas de IU, por su parte, Willy Meyer apostó por una mayor colaboración entre los puertos de Algeciras y Gibraltar para evitar más accidentes marítimos, y demandó un mayor compromiso de Europa para controlar el intenso tráfico de buques en el Estrecho.

Pero la influencia de la política comunitaria en la provincia de Cádiz no se ha reducido en exclusiva a Gibraltar. La industria, la agricultura, la inmigración, la pesca o la seguridad son otras materias en las que las directrices europeas también han calado, y casi siempre con resultados negativos, en el grueso de la sociedad gaditana.

El ejemplo más significativo se produjo nada más arrancar la legislatura -a mediados de 2004- cuando la UE forzó al Gobierno español a la enésima reconversión del sector naval tras imponer una sanción a millonaria a nuestro país con motivo de las ayudas públicas otorgadas al ya extinto grupo Izar. La venta de un buen grupo de astilleros españoles a manos privadas, el nacimiento de Navantia (bajo cuyo paraguas continuaron resguardados los tres astilleros de la Bahía gaditana) y la reducción drástica de los contratos civiles abrieron una nueva etapa en la industria naval.

También tuvo mucho que decir Europa tras el drástico cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real, aunque las presiones ejercidas por los diferentes grupos de europarlamentarios españoles, Junta, Diputación y alcaldes de los municipios gaditanos afectados sólo sirvieron para abrir un debate sobre la globalización de las multinacionales.

En materia agrícola, estos cinco años han traído consigo la aplicación de sendas OCMs aprobadas en la legislatura anterior (1999-2004) y que han repercutido de lleno en el campo gaditano. La primera, la del azúcar, forzó un descenso del 60% en la producción y el cierre, entre otras, de la azucarera de Guadalcacín; y la otra, la de algodón, acarreó una bajada de las siembras que en el conjunto de Andalucía quedó cifrada en torno al 65%.

No menos polémica ha sido la más reciente OCM del vino, que repercutirá de lleno en el brandy de Jerez, cuyas bodegas sufrirán un abaratamiento en los costes de producción cuando acaben los cuatro años del periodo transitorio de ayudas que ya se ha iniciado.

Trasladar la importancia que la política comunitaria tiene en cualquier región o provincia española es el objetivo de la campaña institucional que la Unión Europea tiene ya proyectada y que persigue incentivar la participación en unas elecciones europeas que en España se celebrarán dentro de 100 días.