La Fiscalía llevará a juicio el próximo 6 de febrero a 14 acusados de estafar más de 27.500 euros a través del timo del gas en 2011. Los afectados, repartidos entre Cádiz y Sevilla, son más de 40, la mayoría personas de avanzada edad -algunas incluso enfermas- que se encontraban solas en sus viviendas cuando los supuestos operarios accedían a ellas bajo el pretexto de revisar las instalaciones y cobrarles una factura, en muchos casos desproporcionada, por unos servicios no prestados, sostiene el fiscal.

La acusación pública procesa a los 14 implicados por los delitos de organización criminal, estafa continuada y coacciones, y solicita para ellos diferentes penas de prisión: siete años para el que el fiscal considera el líder de la banda y administrador único de la empresa Mantenegas Andalucía, S.L.; seis años y medio y cuatro años, respectivamente, para los dos hombres de confianza del gerente; y otras tantas penas privativas de libertad, que oscilan entre los cuatro y los dos años cárcel, para los 11 supuestos técnicos del gas que estaban dados de alta en dicha sociedad.

La Fiscalía considera que los estafadores captaron a 20 víctimas en Cádiz, donde lograron apoderarse de 8.000 euros aproximadamente en el verano de 2011; y a otras 20 en la capital hispalense, donde se apropiaron de una suma bastante mayor, 19.500 euros, entre los meses de septiembre y octubre de ese mismo año.

Los métodos empleados por los encausados para llevar a cabo el antiguo, y no por ello desaparecido, timo del gas eran los de siempre, según explica el fiscal: realizar revisiones innecesarias y reparaciones engañosas que, sin embargo, ocasionaban daños en las instalaciones que los particulares después tenían que subsanar; amenazar con el corte del suministro; advertir falsamente del riesgo de correr un accidente... A una mujer, especifica la Fiscalía, llegaron a "amendrantarla a gritos diciéndole que le arrancarían la instalación del gas" si no pagaba la factura que le entregaron por valor de 277,50 euros.

Tal y como recogen las conclusiones provisionales, cuatro gaditanos, de avanzada de edad y uno de ellos enfermo de Alzheimer, evitaron la estafa toda vez que sus hijos intervinieron antes de que abonasen el dinero que les reclamaban. 

Escrito de acusación

El escrito de acusación de la Fiscalía expone que el principal procesado por esta causa decidió constituir en marzo de 2011 la mercantil Mantenegas Andalucía, S.L., cuyo objeto era la prestación de servicios de mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones de gas. 

Para dotar de "apariencia de regularidad" a la actividad ilícita y lucrativa que se proponía acometer, este encausado presentó ante el Registro General de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta la declaración responsable como empresa instaladora de gas.

Junto al gerente, dos hombres de su máxima confianza (y a los que el administrador confirió amplísimos poderes para gestionar la entidad) "cumplían la misión de aleccionar de forma periódica a los operarios sobre las diferentes argucias y falacias a emplear con los clientes para convencerles de la legitimidad de sus servicios, de la necesidad de las reparaciones propuestas y sobre la forma artera de facturarlas y cobrarlas.

Los tres encausados, subraya la Fiscalía, daban pues las correspondientes instrucciones al resto de los acusados que trabajaban en Mantenegas y los distribuían en pequeña cuadrillas de operarios para visitar diferentes domicilios en Cádiz y Sevilla con objeto de ofrecer supuestos servicios de mantenimiento, revisión o inspección a clientes de avanzada edad. 

Los procesados inducían a error a dichas personas sobre las anomalías que presentaban sus instalaciones, los riesgos que entrañaban para la seguridad de los referidos usuarios o la necesidad de su urgente reparación so pena de sanciones o cortes de suministro. 

Según expone el fiscal, estos operarios se presentaban como "personal autorizado" de la Junta de Andalucía, si bien, bajo esa apariencia de legalidad, subyacía una "actividad engañosa" cuyo único y verdadero fin era efectuar "cargos inconsentidos y desmesurados" en las cuentas de los damnificados. En algunas ocasiones, los técnicos seguían un plan preconcebido: marcaban en el datáfono una cantidad mucho mayor de la que aparecía en la factura añadiendo un número por la derecha; así, por ejemplo, cobraban 1.180 euros en lugar de 180 euros.

Este caso se juzgará el próximo 6 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz.