Edad Moderna

Los señores a caballo

Nacer en un lado u otro de la tierra marcaba la suerte. Desde la Reconquista, la población se halla dividida en estamentos: aristocracia y clero, los dominantes, y el tercer estado, el estado llano, en el que figuran personas con unos niveles económicos muy dispares. “Las familias que componen la nobleza suman un porcentaje muy pequeño pero son titulares de extensas fincas rústicas e inmuebles urbanos, los llamados mayorazgos”, apunta el historiador y abogado algecireño Juan Muñoz. A este poder económico se suma el político: los miembros de casas nobles juegan un papel destacado en el control de la vida local y actúan siempre movidos por sus intereses. Del siglo XVI y XVII datan la mayoría de concesiones –de tierras y vasallos– que el rey hace a familias nobles: los señoríos de los condes de Santiesteban del Puerto, los ducados de Medina Sidonia y de Arcos, el de Osuna o el marquesado de Tarifa son buena muestra de ello.

El reinado de los Reyes Católicos significó el tránsito del mundo medieval al mundo moderno en España. Con el enlace de Isabel y Fernando se consiguió la unión dinástica de las Coronas de Castilla y de Aragón que, apoyados por las ciudades y la pequeña nobleza, establecieron un poder fuerte frente a las apetencias de dominio de eclesiásticos y nobles bajo la fórmula de la monarquía autoritaria. Sería posteriormente el emperador Carlos I quien, a partir de 1519, uniría jurídicamente ambos reinos, lo que hoy es toda España.

El rey es el sistema

La monarquía autoritaria evoluciona hasta el Absolutismo, o lo que es lo mismo, el poder real es de caracter divino y, por tanto, incuestionable. “La supremacía del rey es cada vez más fuerte y concentra en su persona los tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial”, apunta Muñoz. “Si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso fue lo que hizo la nobleza cuando, lejos de enfrentarse al poderoso, decidió servirle directamente en la corte”, explica Muñoz.

Hasta la unión de los reinos con los Reyes Católicos, por mandato del monarca se convocaban Cortes, que eran órganos consultivos que ya existían desde la Reconquista. Con la unión de las coronas desaparecieron estas múltiples asambleas para mantener únicamente las Cortes de Castilla porque funcionaban como principal Tribunal de Justicia del reino. Sin embargo, estas Cortes no eran entendidas como las actuales, sino un instrumento más de poder del monarca ya que en ellas se representaba el clero y la aristocracia con votos dominantes frente a la burguesía y la baja nobleza urbana. De esta forma, paulatinamente se va permitiendo que los plebeyos participen en los asuntos de Estado; un modo de ejercer el paternalismo con el pueblo propio de estas monarquías. La representación del pueblo en las Cortes del Reino no fue obra de una constitución política o de una ley, sino más bien de la influencia que iban adquiriendo las municipalidades y los poderes locales.

Para ejercer este mando en todos los asuntos del Estado el rey se servía de diferentes instrumentos políticos. Nace así lo que hoy llamamos burocracia y ya el siglo XVIII, la estructura del poder político en España queda definida en dos grandes bloques: el Gobierno de las provincias, con gobernadores civiles e intendentes y corregidores que administraban los pueblos y ciudades; y el Gobierno central, distribuido en las Cortes, como mero órgano consultivo, y los Ministerios “el germen de los actuales, divididos en diferentes áreas como Estado, Hacienda, Guerra, Justicia o Indias, este último encargado del Imperio español en el Nuevo Mundo”, explica Francisco Andújar, profesor de Historia de la Universidad de Almería, que apunta que uno de los más destacados políticos andaluces de entonces es el malagueño José Gálvez Gallardo, “impulsor de las reformas borbónicas, ministro de Indias y creador del Archivo de Indias de Sevilla”.

La conspiración andaluza

En la Castilla que vive las guerras civiles de la Baja Edad Media, era lógico que el rey buscara apoyo en una persona de confianza, el valido. Un personaje que le deba todo al rey y no sea nada por sí mismo, que cuando el monarca no quiera o no pueda gobernar ejerza sus funciones, un primer ministro de nuestros días. Validos que han cumplido estas funciones han sido el duque de Lerma o duque de Uceda con Felipe III, pero, sin duda, si uno ha pasado a la historia por su personalidad oscura e inmenso poder durante el reinado de Felipe IV ese es Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar La Mayor. Que nadie se equivoque. Su origen andaluz no llevó al conde-duque más sagaz a favorecer a las tierras del sur. “Más bien, siempre se favoreció a sí mismo”, puntualiza Francisco Andújar.

Este mismo personaje, al que Javier Cámara interpretó en la película Alatriste, aborta un plan independentista andaluz en 1641 que hoy, más de tres siglos después, sigue generando polémica y al que recurren los foros nacionalistas de la comunidad para legitimar sus ideas. En las décadas centrales del siglo XVII, Andalucía va a ser escenario de una serie de conflictos que reflejan el malestar existente. El más importante fue la conspiración nobiliaria protagonizada por el IX duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte. El primero, Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, era el titular de un extenso y rico señorío con capital en Sanlúcar de Barrameda, pero con una difícil situación económica por los servicios que se vio obligado a prestar a la Corona a instancias del valido. Su hermana había contraído matrimonio con el duque de Braganza, que sería aclamado rey por los insurrectos portugueses contra Felipe IV. Precisamente esto es lo que da pie a varios autores a acusar al duque gaditano de querer formar un reino independiente en Andalucía con el apoyo de Portugal a espaldas de la corte real.

A pesar de que todavía hoy existen puntos oscuros por esclarecer, la Casa de Medina Sidonia siempre ha defendido que lo que su antepasado pretendió era, únicamente, liberar a Andalucía de las onerosas cargas fiscales impuestas por el conde-duque de Olivares. Cuando la Corte se entera de la existencia de esta conspiración, que no encontró apoyo en el resto de la nobleza andaluza, aborta el plan. Y aplica su justicia. Gracias a los vínculos familiares del conde-duque con el de Medina Sidonia éste salva la vida pero pierde sus tierras. El de Ayamonte corrió peor suerte: fue sentenciado a muerte y decapitado por traidor.

La voz del pueblo

Entre 1730 y 1780, el marqués de Mejorada dirige con mano firme los destinos de Sevilla. “Era un regidor temido incluso por sus enemigos al que la Corona tenía en tan alta estima que otorgó el cargo a perpetuidad”, explica Fernando Campese, profesor de Historia Moderna de la Universidad hispalense y estudioso de la figura del señor de Ortiz de Villavicencio. Pero su linaje no arrancaba con la reconquista, como otros célebres de Andalucía, sino que surge a finales del siglo XVII proveniente de una familia de indianos que regresó a Sevilla, compró tierras y fijó aquí su destino. Según Campese, “el marqués Ortiz de Villavicencio era un manipulador y sabio negociador con los sindicos, diputados y demás representantes del pueblo”.

No fue el único. El perfil de este regidor se repetía en el resto de municipios y pueblos de Andalucía. Encarnaban a la perfección la célebre frase del siglo XVII: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo” que resume la teoría del despotismo ilustrado. “Era una contradición en sí misma. Se cuida al pueblo para mantenerlo contento, pero sin libertades. Se empieza a difundir las ideas ilustradas y a aplicarse la economía de mercado gracias a una burguesía pujante. Se establece un sistema de deberes y pocos derechos”, resume el profesor Juan Muñoz que apunta que, pese a estos intentos liberales, “Andalucía seguía siendo una inmensa masa de jornaleros pobres, subyugada al antojo del señorito a caballo”.

En este escenario de ayuntamientos oligárquicos, a partir de 1766 y tras los motines de Esquilache, siendo rey Carlos III, el Gobierno decide que las reglas deben cambiar: hay que darle voz al pueblo. “Se establece un régimen electoral municipal bastante abierto para la época. Se eligen, cada año, a cuatro diputados del Común y un sindico personero (una especie de Defensor del Pueblo con potestad para recurrir a los tribunales), que debían ejercer entre todos el control de la ciudad junto con los regidores locales designados por el rey, esos aristócratas que vienen de antiguo. Todos los hombres, las mujeres no tienen derechos, podían votar y ser elegidos, independientemente de sus rentas. “De alguna forma, permitía a los plebeyos tener cierto control de asuntos de abastos, mercado y otras cuestiones locales”, precisa el profesor Andújar.

Esa oligarquía andaluza anclada en el poder jugó también un papel muy importante durante la Guerra de Sucesión entre borbónicos y austricistas que se saldó con el triunfo de Felipe V. En agradecimiento a la contribución que los señores de Andalucía hicieron a la causa borbónica, Felipe V concede en 1711 a los regidores andaluces hasta 240 mercedes, entre títulos nobiliarios como los del marquesado de Caicedo, de la Infanta o de Guadiana, además de hábitos de caballeros de las órdenes militares, según ha estudiado Francisco Andújar en su libro Servicios para la guerra, mercedes para la oligarquía. “Hay muchas pervivencias en los sistemas democráticos actuales como el funcionamiento clientelar de la política”, opina el profesor Andújar.

Como el pueblo vio que el peso de los regidores afines al rey era mayor que el que tenían los diputados dejó de ir a votar. “Según recogieron los escritos de la época, los días de comicios, que se celebraban en parroquias, existía, a veces, un abstención absoluta”, explica Campese. A pesar de este desencanto vecinal, este ensayo democrático se mantuvo vigente, con más o menos crédito, hasta el reinado absolutista de Fernando VII, el mismo que abolió la Constitución de 1812 que se firmó en Cádiz.

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