El Ayuntamiento lleva a pleno extraordinario el próximo lunes una propuesta para hacerse cargo de la tasa de tratamiento de residuos a partir de 2020. De esta forma, el gobierno municipal hace efectivo "el compromiso que ya se había alcanzado con la ciudadanía isleña y el sector empresarial de que no se vieran afectados por el pago de estos recibos cuya entrada en vigor fue obligatoria".

Una vez se produzca la aprobación el día 18 se comunicará de forma oficial al Consorcio que el Ayuntamiento asume el abono, de cara a la tramitación necesaria para que en enero ya se aplique la nueva fórmula. El abono de esta tasa consorcial supone un desembolso de 38 euros anuales en el caso de las viviendas de particulares, mientras que en el caso de las empresas (comercio, hostelería y profesionales) tiene una incidencia mayor y puede llegar a alcanzar una horquilla de entre los 100 y más de 2.000 euros. "Se ha tomado nota de las peticiones que durante este tiempo han hecho llegar todos estos colectivos, y por eso en la nueva planificación fiscal asume el abono de la tasa consorcial -que fue aprobada en 2014 por el entonces alcalde de la ciudad, José Loaiza-", explican desde el equipo de gobierno.

La supresión de la tasa de tratamiento de residuos supone un importante ahorro para el sector empresarial. Para hacerlo posible la planificación fiscal recoge la primera subida del IBI tras cuatro años de bajada, insisten desde el Consistorio. En concreto, IBI aumentará entre 10 y 19 euros al año en el caso de los particulares, y entre 19 y 58 euros al año en el caso de comercio, hostelería y profesionales. "Si se tiene en cuenta que esta subida permite eliminar la tasa de reciclaje, los empresarios finalmente ahorran entre 86 y 1.100 euros en impuestos al año según el tamaño de sus negocios", abundan. 

La previsión es que con la subida del IBI el Ayuntamiento ingrese en torno a un millón de euros lo que permitirá compensar solo en parte la asunción de la tasa consorcial, para que se destinará desde el Ayuntamiento un total de 1,8 millones de euros.

Por el momento, el gobierno municipal sigue trabajando desde el punto de vista jurídico-administrativo para asumir el abono de los atrasos de esta tasa y llegar a un acuerdo con el Consorcio. "Tal como se recogía en la providencia dictada ya con anterioridad y conocida por todos los grupos, desde el Ayuntamiento se mantendrá la reclamación para que sea el Consistorio el que asuma el pago de los recibos de ejercicios anteriores", destacan. El equipo de gobierno deja claro que están convencidos de que "hay fórmulas adecuadas para asumir este pago por parte municipal, que debe contar con el consenso de todos los grupos, el mismo acuerdo unánime que ya tuvieron las mociones en las que se instaba al gobierno a tomar esta decisión".

Por eso, el ejecutivo de Patricia Cavada ha mostrado su preocupación por que los representantes de los grupos políticos "parezcan estar dando marchas atrás respecto a esta medida tan solicitada por la ciudadanía y con tanta afección en las empresas, cuando los informes no dicen nada que no se supiera antes". La intención de la alcaldesa es convocar a los portavoces para saber su posicionamiento respecto a las medidas que hayan que adoptar para hacerse cargo de los atrasos "y poder actuar con el consenso necesario".