La rehabilitación del Ayuntamiento es una obra viva. No se trata de un proyecto cerrado en el que los pormenores se ejecutan al pie de la letra. Pocas actuaciones lo son realmente -ni siquiera el arreglo de una vivienda-, pero los cambios se acrecientan al tratarse de un edificio antiguo, en el que los materiales o las estructuras han sufrido el deterioro normal del paso del tiempo. Eso ha pasado en la intervención de la Casa Consistorial que se ha topado con la realidad: a la vez que avanzaban los trabajos, en esta primera fase de demolición, se ha comprobado que las soluciones arquitectónicas previstas no resolvían los problemas derivados del estado de este inmueble histórico. La dirección facultativa de la obra plantea por eso ahora una modificación del proyecto vinculada a temas de seguridad que supone un gasto extraordinario de medio millón de euros, mientras la constructora calcula que estos y otros cambios implican seis meses más de trabajo.

"Se ha solicitado seis meses más de obra de lo que inicialmente estaba previsto, según han acordado la dirección facultativa y la empresa constructora. Por ello se pasaría de la fecha originaria de fin de los trabajos de 15 de diciembre de 2017 a 15 de junio de 2018. Eso sí, hemos trasladado nuestro deseo de que se agilicen los trabajos y se acorte ese tiempo de ejecución", detallaba la alcaldesa, Patricia Cavada, después de la reunión de la mesa de seguimiento. La regidora, que compareció junto al primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, y el responsable de la dirección facultativa de la obra, Francisco Márquez, recordaba que el procedimiento que se sigue en esta obra es el de analizar la actuación conforme se trabaja para estimar si las intenciones planteadas previamente son las más adecuadas para la reforma, dado además que se trata de un monumento. En este sentido durante la intervención se han planteado dos modificaciones de contrato respecto a lo que recogía el proyecto, que se realizan a coste cero. Una tercera, sin embargo, implica un aumento del coste del 6,33%, en números absolutos en torno a 500.000 euros.

El incremento del coste responde a mejoras necesarias en la seguridad estructural

Responde, daba algunos datos Cavada, a la necesidad de incrementar la seguridad de la actuación y de dotarla para ello de medios auxiliares específicos. Hace falta, en definitiva, aplicar soluciones diferentes a las proyectadas para mejorar la situación estructural del edificio.

Según las explicaciones del arquitecto responsable del proyecto y ahora de la dirección de obra, Francisco Márquez, durante la eliminación de las partes más espúreas del edificio se han ido descubriendo cuestiones no previstas, "aunque teníamos la intuición de que habría que constatarlo una vez se iniciaran las tareas de demolición". Concretamente, a la hora de intervenir en la cimentación apareció la necesidad de aumentar la seguridad, además de adaptar la rehabilitación a elementos descubiertos que influyen en la estructura. Se refiere a seis pozos no contemplados en el proyecto que suponen una perforación del suelo, "como si fuera un queso gruyer", y por tanto conllevan un reforzamiento del terreno. Esa mejora de los cimientos pasa por ejecutar la excavación por un sistema de batache para asegurar la estabilidad del edificio, así como el acodalamiento -a través de vigas- de la primera línea del sótano.

Durante el proceso también se ha comprobado la necesidad de reforzar los forjados metálicos de la segunda planta, en los que se apoyará el encofrado de la cubierta. "Al estar los falsos techos de la primera planta -del salón de plenos y de la sala isabelina- no se había podido reconocer antes. Cuando se han levantado la solería se ha comprobado que esos forjados estaban muy dañados", comentó Márquez. En la cubierta, de hecho, se ha optado por que su forjado no sean de losa de hormigón (por su mayor peso) sino de viguetas y bovedilla (de cerámica hueca, y por tanto menos pesada).

Antes de esa cimentación se había trabajado en la consodilación estructural del edificio. Así los dos primeros modificados, estos sin coste adicional, se centraron en el estado de las bóvedas que no pudieron visualizarse cuando se elaboró el proyecto. Las catas que se habían llevado a cabo hicieron que previeran actuaciones que sin embargo con las singularidades constructivas encontradas no se han antojado las adecuadas.