El consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Cádiz ha acordado derogar con efectos de 31 de diciembre de 2020 la ordenanza fiscal que regula la controvertida tasa consorcial impuesta para financiar el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos en varios ayuntamientos, entre ellos el de San Fernando (además de Chiclana y Puerto Real). 

Así lo decidió la junta general del citado consorcio en el transcurso de la sesión ordinaria que se celebró telemáticamente el  pasado día 15. El acuerdo se acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y queda ahora sometido a exposición pública durante 30 días hábiles. 

En noviembre de 2019 y tras más de un año de controversia y de reproches políticos entre PSOE y PP en torno en torno a la paternidad de la citada tasa consorcial, el pleno aprobó asumir directamente su pago en forma de cuota anual al consorcio a partir de 2020.

Esta medida evitaba que el coste de la tasa repercutiera directamente en los ciudadanos pero dejaba sin zanjar el tema de los recibos que se adeudaban desde 2016, cuyo pago -debido el gran retraso que ha acumulado la aplicación de la tasa- se ha empezado a reclamar a los contribuyentes con carácter retroactivo este mismo año a razón de dos anualidades por recibo (de 76 euros en el caso de una residencia media): las de 2016 y 2017 -que son las que se están reclamando este año- y las de 2018 y 2019, que habrá que pagar el próximo año.   

El gobierno municipal isleño, cuando se reconoció que no había marcha atrás en el pago de las anualidades pendientes, anunció su marcha definitiva del consorcio creado para la gestión de los residuos urbanos y mostró su malestar ante la forma en la que se había gestionado todo el proceso de aplicación de la tasa, que tanto rechazo ciudadano ha despertado. No obstante, dicha marcha no se ha llegado a consumar con posterioridad.