Izquierda Unida (IU) lanza la propuesta de crear un Observatorio de Contratación ante la fiscalización y el seguimiento de los contratos de los servicios públicos municipales realizados por el equipo de gobierno de San Fernando que son "pésimos". 

"Son varios los servicios municipales de nuestra ciudad gestionados por entidades privadas en régimen de concesión. Hay que tener en cuenta el hecho de que estos servicios, aunque sean gestionados por entidades ajenas a los servicios públicos municipales, no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad como garante de la gestión de estos servicios", comenta Gonzalo Alías, coordinador local de IU y del Núcleo Comunista Pepe Casado.

El líder de IU advierte de que la fiscalización es una "obligación básica" porque la calidad del servicio está definida por el cumplimiento de los requerimientos de los pliegos de contratación, entre los que se incluyen las funciones objeto del contrato y las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas. "Hablamos de los trabajadores de Las Cortes; hablamos de las trabajadoras de ayuda a domicilio a cuyas manifestaciones nos hemos unido hace apenas días; hablamos de quienes desempeñan el servicio de limpieza de jardines, el servicio del agua o el de mantenimiento de parques, jardines y arboleda mientras los beneficios se reparten fuera de La Isla", señala Alías.

La formación habla de denuncias diarias vecinales por "la defectuosa prestación de los servicios municipales", motivadas por "la insuficiente labor de control y fiscalización por parte del equipo de Cavada sobre los contratos".

IU considera de vital importancia actuar de una manera concreta y eficaz ante este asunto, con el fin de llevar a cabo una fiscalización real de los servicios y una calendarización. "De aquí que Izquierda Unida proponga crear el Observatorio de Contratación, una propuesta que se ubica en el marco de la democracia económica local, la que aplicamos allí donde gobernamos", justifica Alías.

La funciones de este observatorio serían control, seguimiento, valoración y mejora de las condiciones de los servicios, sin que conlleve coste alguno a las arcas municipales a la hora de desarrollar nuevas plicas, para que ningún ente privado se beneficie de su redacción. Para ello estarían compuesto por los grupos políticos del Ayuntamiento, los técnicos responsables de los servicios municipales contratados, así como representantes de los agentes sociales de la ciudad, de las secciones sindicales de las empresas municipales o concesionarias y de la junta de personal del Ayuntamiento.

"Izquierda Unida lleva demandando esta fiscalización desde el mandato pasado, demanda que ha extendido a las demás fuerzas progresistas del pleno. No obstante, nos llama la atención que ni gobierno ni oposición conciban la transparencia ni la fiscalización como valores en sus modelos de ciudad. Cuando terminen los contratos nadie en La Isla podrá evaluar democráticamente cómo estas empresas han llevado a cabo su trabajo", sostiene Alías.

"La situación a la que el equipo de gobierno está llevando a la ciudad es dantesca, por lo que desde nuestra formación seguimos realizando propuestas sensatas y necesarias con las que solucionar los problemas que Cavada y su equipo están generando en nuestra ciudad", finaliza.