El Ayuntamiento de San Fernando ha desestimado todas las alegaciones presentadas por la exconcejal de Urbanismo, Claudia Márquez, y le exige la restitución de la legalidad en la vivienda que la concejala socialista adquirió a una fundación del Obispado de Cádiz y en la que hizo obras. Desde el Partido Popular (PP) que se hace eco de estas circunstancias exigen a la edil que asuma la decisión, actúe en consecuencia y haga las obras necesarias.

El decreto, firmado el 22 de julio por el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, apunta a la denuncia del PP que alertó sobre las presuntas irregularidades e incumplimiento del Peprich (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico) acometidas por Márquez, entonces responsable de Urbanismo, expone la formación. La concejala Carmen Roa recuerda que la denuncia fue tachada por la edil del PSOE y otros miembros del gobierno isleño como una "persecución personal", "campaña de acoso" y de "una bajeza moral sin precedentes". Ahora se demuestra, argumenta, que solo perseguía "el que nadie utilice su condición de preeminencia en la administración para actuar de espaldas a la legalidad".

"Sería una auténtica paradoja que la ex delegada de Urbanismo actuase judicialmente contra las decisiones rubricadas por el gobierno del que forma parte", ironiza Roa. Un recurso por lo Contencioso Administrativo es la única posibilidad que le queda a Claudia Márquez tras quedar agostada la vía administrativa.  De hecho, la concejala socialista ya dejó clara su intención de acudir a la Justicia –una vez se cerrara el capítulo administrativo– al considerar que había habido un cambio de criterio técnico por parte de Urbanismo sobre la revisión de la licencia de obras. 

Así la edil socialista está obligada a restituir la legalidad en la finca de su propiedad, con la eliminación de los volúmenes construidos, "por tanto, de manera ilegal vulnerando la protección urbanística de la vivienda que le confiere el Peprich". Tiene el mes de septiembre para ello si no acude al Contencioso y en caso contrario el Ayuntamiento deberá proceder "a la imposición de hasta 12 multas coercitivas con un máximo de 5.000 euros y 600 euros como mínimo", advierten desde las filas populares.

"El PP ha tenido constancia de hechos que, cuando menos, son irregulares y muy sospechosos, como el que la citada concejala socialista sacara del Ayuntamiento el expediente municipal sobre su vivienda, permaneciendo fuera de las dependencias municipales durante mucho tiempo. No sabemos que tendrá que decir la alcaldesa Patricia Cavada al respecto, pero esperamos que tome cartas en el asunto", subraya la concejala popular.