La concejala de San Fernando Claudia Márquez aclara que no se convierte en propietaria, junto a su marido, de su nueva vivienda hasta el 28 de julio de 2020. Esto supone tres años después de la fecha de la orden de ejecución -junio de 2017- que el PP esgrime para criticar que la orden de ejecución (por su mal estado) sobre la finca en cuestión se emitiera desde la Desarrollo Urbano, área de la que entonces era responsable. En ningún momento podía negarse a firmar el documento que los técnicos le ponían sobre la mesa.

La orden de ejecución, expone, surge del informe de Policía Local que se remite a Urbanismo y del proceso realizado por los técnicos municipal, que emiten los informes, y presentan el documento para una confirmación a la que no puede negarse, reitera, y su comunicación. Frente a la idea de que una orden de ejecución beneficia a los propietarios, la edil descarta esta cuestión por el peligro de que se produzca algún incidente sin que se haya realizado la intervención requerida. Además, una vez tiene que hacerle frente ya como propietaria –lo que no sucede hasta julio de 2020, tres años después de la orden de ejecución, incide– podría haber tirado la finca porque la orden se lo permitía, asegura, y no lo hizo a pesar de que hubiera conllevado costes menores a la rehabilitación.

La venta de la finca estaba sujeta a una doble condición. Por un lado, la Junta, integrante como el Obispado de Cádiz de la fundación, debía dar el visto bueno. Incluso se encargó de fijar un precio, aunque este era inferior al precio de la tasación final con la que se cerró la operación.

Ante el estado ruinoso del inmueble, Márquez solicitó un par de meses antes de firmar las escrituras la autorización de la fundación para presentar el proyecto para la actuación y de esta forma agilizar los trámites administrativos.