El gobierno de San Fernando no prorrogará el contrato del servicio de ayuda a domicilio con la empresa Claros SCA. El concejal de Desarrollo Social, Jaime Armario, ha informado en el pleno de esta decisión que se comunicó a la adjudicataria el pasado mes de julio, aseguraba ante las quejas de algunas de las trabajadoras del servicio que cuestionaban su veracidad. "¿Por qué cuando se ha reunido no lo ha dicho?", preguntaban desde el público, que acudía por primera vez tras la pandemia a una sesión plenaria. Además, también ha anunciado que se han remitido los pliegos para el nuevo contrato al servicio de contratación.

Durante el debate conjunto de hasta cuatro mociones -presentadas por PP, AxSí, Vox y Podemos- sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo, de hacer cumplir el contrato a la adjudicataria, de su fiscalización, de las medidas de conciliación o de sacar a licitación un nuevo contrato, la oposición ha señalado como responsable de la situación de las trabajadoras al gobierno municipal.

"Es una moción de justicia porque se trata de uno de los servicios más importantes: la población cada vez es de más edad, y hay más necesidad de este servicio", ha reconocido la concejala del PP María José de Alba, que hacía mención a que ya anteriormente se ha tratado este tema en el pleno. La edil aludía a una de las cuestiones que han denunciado las trabajadoras: si el contrato establece que la empresa debe entregar ropa de trabajo por valor de unos 286 euros de media solo se está dando por valor de unos 40 euros. "Acaban de darles dos batas de trabajo correspondiente a este año y que son de verano. ¿Se puede hacer el trabajo con dos batas, con botones? Si ya es por comodidad", ha advertido. 

Otra de las cuestiones es la ayuda psicológica que necesitan, que recoge el contrato, y que no se ha desarrollado. Lo comentaba De Alba y también la portavoz del grupo municipal de Podemos, Ana Rojas. "Sostienen el peso de los cuidados de este Ayuntamiento, de hecho el pliego recoge la necesidad de una psicóloga. No han cumplido cuando estamos a pocos meses de terminar el periodo de vigencia. Lo que demuestra que los cuidados vuelven a ser un negocio. Una empresa se hace rica, pero las nóminas llegan con un desfase, se reclama y pagan más tarde. Deben pagarse en tiempo y forma", ha reclamado.

Trabajadoras de ayuda a domicilio de San Fernando, durante el debate sobre las mociones para mejorar el servicio.

La responsable de la formación morada ha destacado "la profesionalidad y el compromiso" del colectivo que siguió con su trabajo como trabajadoras esenciales durante la pandemia. Y siguen adelante, ha insistido. Por eso, la respuesta hacia ellas deben ser "unas condiciones dignas".

También el portavoz de Vox, Carlos Zambrano, se ha referido a la importancia de que las contratas que atiendan este servicio municipal cumplan con las condiciones de trabajo necesarias, de ahí que sea importante contar con un convenio municipal "digno", como reclama el colectivo y apuntaban las otras formaciones. En este tiempo que lleva en vigor el contrato de ayuda a domicilio, se ha quejado, "no solo ha habido ausencia de fiscalización, sino que además han desatendido las demandas de las trabajadoras". Un personal que realiza unas tareas que requieren un gran esfuerzo esfuerzo físico y mental. "Con el dinero que se pone, no puede ser que tengan contratos precarios, pero además la empresa accedió con unas condiciones que no está cumplimientos. Sus incumplimiento es un enriquecimiento injusto de la empresa", ha abundado. 

"Son uno de los pilares del estado del bienestar, cuidan a las personas más vulnerables de la sociedad", ha defendido Fran Romero, portavoz del grupo municipal de AxSí, que ha mencionado las denuncias que las trabajadoras han hecho ante la Inspección de Trabajo, desde la falta de vestuario para el trabajo ya mencionado hasta las horas de formación no abonadas, aunque realizadas. "Han sido 102 horas de formación, pero se les ha abonado20, y la mitad a quienes tienen media jornada. Han hecho cursos, pero no se reconoce como horario laboral. Además cada año repiten los mismos cursos, y no computan los de salud laboral", ha explicado. En el caso de la ausencia de atención psicológica calcula un beneficio de 50.000 euros para la empresa al estar incluida en el contrato pero no prestarla.

"En marzo exigíamos el aumento de la hora para evitar contratos precarios que apenas superan los 500 euros. El culpable de la precariedad es el gobierno, porque miran para otro lado, al no fiscalizar el contrato, al no penalizar los incumplimientos, al no escuchar a las personas afectadas. El gobierno negó en dos reuniones la deficiencia del servicio", ha resumido.

"Hay reconocer su trabajo, y así se lo hemos reconocido en las reuniones que hemos tenido con ellas. Creemos que es justo todas las medidas que vengan a paliar todos los problemas que sufren", ha comentado Armario. Sin embargo, el edil socialista ha lamentado que la oposición pusiera en duda el control del contrato desarrollado por personal técnico municipal, que "ya lo hizo con la anterior adjudicataria". Eso también despertada la indignación de las trabajadoras presentes. 

A la no prorrogación del contrato, comunicada a finales de julio a la empresa, se suma la remisión al servicio de contratación del pliego para el nuevo servicio, ha incidido el responsable de Desarrollo Social, que afirmaba que dará cuenta a las afectadas en la próxima reunión prevista.