Un primer paso. La junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado viernes declarar de interés general el proyecto que la Hermandad del Silencio ha presentado para desarrollar en la antigua sede del ICAS, un inmueble anexo a su sede canónica, la Real Iglesia de San Antonio Abad. Esta medida, avalada por Juan Carlos Cabrera, presidente de la junta municipal del distrito Casco Antiguo y delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, supone un avance decisivo para que la hermandad logre la cesión definitiva de un espacio cuya entrega ya fue comprometida en el año 2007 y que desde entonces no ha podido llevarse a buen término.

El equipo de gobierno de Juan Espadas siempre se mostró decidido a desatascar la cesión de esta sede administrativa del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS), cuyos trabajadores dejaron este espacio para instalarse en el edificio Laredo, dejado a su vez por los empleados de Turismo del Ayuntamiento. La hermandad presentó el pasado 15 de octubre toda la documentación requerida por el Consistorio así como el proyecto que pretende desarrollar en este lugar, con un claro fin cultural, formativo y social, que encaja a la perfección con la utilidad pública demandada por el Ayuntamiento para sellar la cesión.

Analizada toda la documentación, la junta de gobierno declaró el viernes el interés general" del proyecto de potenciación e incremento de la acción social, así como de las actividades culturales y formativas presentado por la Hermandad del Silencio relativo al uso de la parcela sita en calle El Silencio, 1, cuya cesión se solicita". Se trata de la acción previa para formalizar la cesión del espacio, algo que se debe cerrar en los próximos meses.

En el año 2007, el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, prometió que cedería dicho inmueble a la hermandad con el fin de que ampliara su sede administrativa y albergara labores sociales. El convenio firmado entonces quedó en agua de borrajas, primero tras entregarse parte del espacio a una ONG y, posteriormente cuando el gobierno de Zoido esgrimió que no se podía formalizar la cesión en los términos que decía el convenio.