El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida será quien dirima en el contencioso entre la hermandad de Santiago y el capataz del paso de misterio, Juan Montero Suárez, que cuenta con el respaldo del obispo José Mazuelos.

José Lázaro Álvarez Chacón, hermano mayor de la corporación, ha elevado a la Santa Sede el caso. Esta segunda instancia, por vía administrativa, es el cauce de oposición al decreto firmado por monseñor Mazuelos Pérez el pasado día 3 de septiembre en el que se mantenía y corroboraba la figura del comisario, nombrado por el ordinario en un decreto anterior con fecha 1 de agosto, con el fin de tomar el gobierno y dirección de la hermandad. Ambos decretos indicaban que las funciones del comisario las llevaría a cabo con la supeditación del obispo de la diócesis.

En el decreto episcopal se explicitaba en el último párrafo que cabía recurso “al Superior Jerárquico”, que en este caso es la Santa Sede a través del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

Según ha podido saber este Diario, con fecha 18 de septiembre se elevaba al dicasterio antes citado el recurso por vía administrativa. Un recurso que se fundamenta, entre otras razones, en el fracaso del acuerdo de mediación alcanzado con el vicario judicial de la Diócesis, el sacerdote Miguel Ángel Montero Jordi, y en el que se ofrecía como acuerdo final la figura del comisario, el sacerdote y párroco de Santiago, Diego Moreno Barba, mientras que el capataz era cesado. Una resolución previa que se vio truncada al no admitirse estos términos por el prelado. Todo esto propiciaba el segundo decreto de monseñor Mazuelos en el que expresaba la función de la junta de gobierno como colaboradores del comisario, que adquiría todas las competencias del gobierno de la hermandad.

En el decreto se motivaba, en el quinto punto de los ‘Fundamentos de Hecho y de Derecho’, la elevación al Obispado de hasta cien firmas de hermanos de la cofradía apoyando al capataz. Por su parte, el recurso dirigido a la Santa Sede, está adjuntado con ciento setenta y dos firmas que apoyan a José Lázaro Álvarez Chacón en la decisión de él y su junta para con el cese de Montero Suárez. Además, se hace constar que en otras cofradías ha habido acontecimientos más graves por el cese de un capataz sin que el Obispado tomara decisión alguna por medio de la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías.

Por otro lado, las motivaciones del decreto del obispo José Mazuelos, se sustentan, en parte, por un escrito firmado por cinco ex hermanos mayores de la hermandad solicitando “un acuerdo fraterno y dentro de las líneas de reconciliación a la que están llamados los hijos de la Iglesia”. Tres de los firmantes, mediante cartas posteriores a Álvarez Chacón, se retractan del contenido del primer documento que, al parecer, se les presentó para firmar por parte del hermano del capataz, Antonio Montero Suárez. Las cartas de retractación argumentan que no se solicitó al prelado el nombramiento de un comisario, observándose que el estado de la hermandad no se encontraba en un momento que justificara una decisión tan grave, drástica y traumática.

Por otro lado, el ordinario del lugar también se basaba en una serie de documentos donde se exponen diversos ‘pantallazos’ del debate llevado a cabo en las redes sociales sobre este “doloroso asunto”. En este sentido, el hermano mayor argumenta que se trata de una recopilación de opiniones y comentarios de terceras personas con el anonimato y particularidades propias de las actuales redes sociales. Del mismo modo, para Álvarez Chacón, también ha habido un rotundo apoyo en las mismas redes sociales a las decisiones de la junta de gobierno.

Tras elevarse este recurso, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida cuenta con tres meses para arbitrar sobre el asunto que sigue coleando y que parece no haberse agotado. Tras este espacio de tiempo, si no hubiese una decisión para José Lázaro Álvarez Chacón, aún podría elevar este asunto al Tribunal de la Signatura Apostólica, órgano dependiente de la Santa Sede donde se abriría un nuevo escenario jurídico y quedando la vía administrativa como agotada.