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La seria amenaza que puede comprometer a Sevilla ante la Unesco

Vista áerea de la Catedral de Sevilla.

Vista áerea de la Catedral de Sevilla. / José Ángel García

Nueve meses le quedan al gobierno municipal para completar la redacción de los planes especiales de protección de los sectores Catedral y Alcázar del Conjunto Histórico de Sevilla. El grupo municipal de Vox preguntará en el próximo Pleno sobre este asunto y qué se está haciendo para que así sea, después de que todos los partidos, con excepción del PSOE, aprobaran el pasado 23 de diciembre finalizar la redacción de de los dos documentos para su presentación al Pleno y aprobación inicial en un plazo máximo de 15 meses. Además, se ha acordó entonces la puesta en marcha de una comisión que se reunirá cada dos meses y que estará integrada por todos los grupos municipales para hacer el seguimiento de los trabajos, algo que no se ha producido. Por todo ello, Adepa, la asociación conservacionista que abandera este asunto, vuelve a advertir al Ayuntamiento que sino cumple pedirá a la Unesco que le retire la declaración de Patrimonio Mundial a la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar.

"Teniendo en cuenta que quedan sólo nueve meses para cumplir el acuerdo plenario y que está en juego la declaración de Patrimonio Mundial de la Catedral, Archivo de Indias y Alcázar y que, además, esta actitud como lo que está sucediendo en la Casa de la Moneda pone en peligro las acciones que se están llevando a cabo para la declaración de Patrimonio Mundial de Itálica o Carmona, les solicitamos se nos explique por qué este incumplimiento gravísimo de los acuerdos tomados por el Pleno de forma totalmente democrática y que es lo que van a hacer para inmediatamente cumplir con los mismos". Esta es la cuestión que Vox planteará al gobierno local en el pleno de este mes de junio.

El pasado 23 de diciembre también se pidió que se llevara a cabo la homologación de todos los sectores que ya cuentan con Plan Especial de Protección a la Sentencia del Supremo, en el mismo plazo de 15 meses; y que se revisen los compromisos con la Unesco para la zona de respeto y la zona de amortiguamiento de los tres monumentos declarados Patrimonio Mundial y la revisión del acuerdo con este organismo para evitar que vuelvan a surgir problemas como aquellos que acontecieron con la el rascacielos de la Cartuja.

"La zona de amortiguamiento es relativamente fácil de acometer porque confluyen tres planes ya aprobados que no tienen problemas. Hay que integrarlos y completar con los que no están aprobados", explica José García-Tapial, miembro de Adepa y arquitecto municipal jubilado.

Por su parte, Joaquín Egea, presidente de la asociación, insiste en que no les va a temblar la mano con este asunto que lleva más de 25 años pendiente de resolverse: "Si no cumplen iremos directamente a la Unesco. El Ayuntamiento va a tener que demostrar si hay voluntad para cumplir estos acuerdos. Llevamos ya demasiados años con la política el silencio cuando se aprueba algo. Esta es la actitud".

Colas de turistas para entrar en el Alcázar Colas de turistas para entrar en el Alcázar

Colas de turistas para entrar en el Alcázar / Juan Carlos Vázquez

Una tramitación que empezó en 1984

Tras más de 25 años de redacción de planes especiales, los sectores más comprometidos y sensibles de la ciudad, Catedral y Alcázar, carecen de esta herramienta de protección. Con los dos más importantes por tramitar, la protección del conjunto histórico de Sevilla presenta una enorme disparidad y crea desigualdades entre unas zonas y otras. El primero de los planes en ser aprobado, en 1994, fue el del sector 22, Huerta de la Salud. Desde entonces, la Gerencia de Urbanismo fue dando salida a la mayoría de los sectores, comenzando por los más sencillos.

La construcción de la Torre Sevilla estuvo a punto de conllevar la salida de Sevilla de la lista de ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco por su afección en el paisaje. En una trascendental cita celebrada en San Petersburgo en 2012, el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido; y el propio Gobierno de España a través del ministerio de Cultura, se comprometían a completar los planes de protección pendientes en el año 2013 para que los tres monumentos que cuentan con la declaración de Patrimonio Mundial no se vieran de nuevo comprometidos. También se solicitaba del Estado a la Unesco que el 1 de febrero de 2015, como fecha más tardía, emitiera un informe sobre la puesta en marcha y aplicación de esos planes sectoriales.

Tras este episodio, siete años después, los dos planes siguen sin estar aprobados pese al compromiso existente, por lo que Adepa exige al Ayuntamiento que termine su redacción en los nueve meses que quedan para que puedan ser llevados al Pleno, con el agravante de que dentro de que en poco menos de un año habrá elecciones municipales. 

La batalla judicial de los planes de protección

El litigio sobre los planes de protección comenzó tras las aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), denunció al TSJA que los planes de protección contravenían los artículos 20 y 21 y de la Ley de Patrimonio y que, incluyendo la coletilla de la excepcionalidad, permitía decidir con suma arbitrariedad lo que se podía o no hacer en cada edificio catalogado. "Esa excepción se había convertido en la regla general, y no podía ser. La ley dice que no se puede aumentar la edificabilidad salvo justificaciones muy excepcionales, ni las alineaciones", explicaba Joaquín Egea.

En la primera sentencia de octubre de 2009, el TSJA anuló 12 artículos del PGOU que afectaban a cuatro sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena, y La Calzada-Fábrica de Artillería. "A pesar de ello, los planes se siguieron redactando en contra de lo dicho. Fuimos al Tribunal Supremo que le dio un rapapolvo tremendo al TSJA"

La Justicia dio la razón a Adepa, que advertía de la arbitrariedad de los documentos y cómo contravenían la Ley de Patrimonio Histórico en varios de sus artículos. Después de varias sentencias, la redacción quedó paralizada sin que se hayan adaptado los sectores que no estaban aprobados definitivamente, como dictaba el fallo del Tribunal; y dejándose sin tramitar los dos últimos: el de la Catedral, que fue aprobado inicialmente en abril de 2012 y abandonado en 2016; y el del Real Alcázar y su zona de influencia.

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