El acusado de grabar un vídeo que se hizo viral en redes sociales cuando la Policía entró en un piso de Palma de Mallorca en el que se celebraba una fiesta en pleno estado de alarma ha asegurado en el juicio que no se autorizó la entrada de los agentes en la vivienda.

Los juzgados de Palma han acogido este lunes la vista contra el joven acusado de grabar y difundir esta intervención policial durante la madrugada del 9 de mayo de 2020, una grabación que rápidamente se hizo viral.

Esta polémica llegó a los medios de comunicación del país y el joven intervino en diversas entrevistas asegurando que los agentes cometieron un delito de allanamiento porque no se les había autorizado la entrada.

Las acusaciones piden penas que van desde un año y ocho meses a tres años de prisión por los delitos de calumnias, desobediencia grave y contra la intimidad de los agentes, así como el pago de indemnizaciones de 3.000 a 4.000 euros por injurias.

Durante el interrogatorio, el encausado ha explicado que su amigo, residente en un piso de Palma, accedió a mostrar el DNI que le requirieron los agentes pero ha rechazado que permitiera su entrada y registro.

Ha reconocido que el grupo de amigos se saltó el confinamiento en vigor en ese momento y que, ante la presencia policial, se escondieron en las habitaciones de la vivienda mientras que el inquilino trataba con los policías.

Ha dicho que escuchó cómo abrían las puertas de las distintas estancias mientras que el morador les decía que no podían pasar.

Entonces, decidió grabar la actuación policial porque, a su parecer, los agentes estaban cometiendo un delito de allanamiento, ya que habían entrado “sin consentimiento”.

Para conocer la opinión de unos amigos, envió el vídeo de la actuación policial con las caras de los agentes sin difuminar a través de un grupo de Whatsapp con una veintena de contactos, entre los cuales había policías nacionales y guardias civiles.

El acusado ha admitido que envió el vídeo de la actuación policial por Whatsapp pero ha negado haberlo difundido por otras redes sociales como Youtube, Twitter e Instagram.

Por su parte, el inquilino ha declarado este lunes que dejó entrar a los agentes pero que, cuando los policías empezaron a abrir los armarios, les pidió que salieran del domicilio.

“En ese momento no sabía que había gente escondida en los armarios”, ha remarcado el joven, quien ha negado haber abierto voluntariamente las puertas de las habitaciones, como han apuntado los policías.

Los policías han coincidido durante el juicio con que el morador les permitió la entrada y que, cuando vieron al acusado empezar a grabar la intervención, le advirtieron de que no podría hacerlo y que vieron como trataba de convencer a su amigo de que no había permitido el acceso de los agentes.

Un vecino que fue testigo de lo sucedido ha aclarado que lo primero que hizo la Policía al llegar fue preguntar al morador del piso si había algún impedimento para que entraran y que éste accedió. Poco después, los policías pidieron el DNI al encausado y le advirtieron de que, de no hacerlo, podría estar incurriendo en un delito.

La Fiscalía pide que el joven sea condenado a dos años de prisión por el delito de calumnias y pide 3.000 euros de indemnización para cada uno de los cinco policías actuantes. Inicialmente apreciaba también el delito de desobediencia.

La acusación particular ejercida por el sindicato policial JUPOL, en representación de dos de los agentes, ha reclamado penas que suman tres años de cárcel por los delitos de desobediencia grave, calumnias y contra la propia imagen, y el pago de 4.000 euros a cada policía por injurias.

Además, el representante legal de la Confederación Española de la Policía (CEP), que también ejerce de acusación, pide que sea condenado a un año y ocho meses por desobediencia grave y calumnias.

El juicio ha quedado visto para sentencia.