Que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) supere su vida de diseño, prevista hasta 2011, "no significa que haya terminado su vida útil o de operación de la planta". Con estas palabras, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) explicaba en su informe favorable a la renovación del permiso de explotación de estas instalaciones, que éstas pueden seguir operando en condiciones de seguridad aunque superen los 40 años. Por su parte, Greenpeace denunció que el informe del CSN publicado el pasado lunes en el que se abogaba por la prórroga de las actividades de Garoña otros diez años está "apalabrado" con el Ministerio de Industria, que es quien decidirá finalmente. Mientras, los trabajadores de la central han empezado a concentrarse contra este cierre y piden el mantenimiento de la actividad.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado que se celebró ayer, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó su compromiso electoral en material de energía nuclear, consistente en "el cierre ordenado de las centrales conforme fuesen cumpliendo su vida útil, siempre que quedase garantizada la suficiencia del suministro a los ciudadanos y a las empresas". Concretamente, sobre la instalación de Garoña, el jefe del Ejecutivo insistió en que "en 2001 se cumple su ciclo de vida útil, los 40 años para los que fue diseñada", por lo que "se abre paso a decidir sobre el futuro".

Ante estas declaraciones, el CNS explica que el concepto de vida de diseño --que son 40 años asignados de acuerdo a la inversión tecnológica-- se utiliza en ingeniería para establecer la duración "mínima" de las Estructuras, Sistemas y Componentes. Esto significa que en las condiciones esperables de operación, incluyendo márgenes de seguridad, la central operará durante ese tiempo en condiciones de seguridad. En este sentido, señala que tras superar la vida de diseño, se puede seguir operando en condiciones de seguridad, tal y como ha ocurrido en 54 reactores nucleares de Estados Unidos. 

Además, el Consejo de Seguridad Nuclear señala que la legislación española no establece ningún tiempo máximo de funcionamiento de las centrales nucleares, por lo que conceptos como vida de diseño o vida remanente no tienen significado legal explícito. 

Así, de concederse, la renovación del permiso de la planta burgalesa supondría "la extensión por primera vez de la vida de diseño de una central nuclear española por encima de los 40 años de operación". Igualmente, recuerda que en estos 39 años en funcionamiento, la central de Garoña ha sustituido "numerosos sistemas o componentes", por lo que el tiempo podría alargarse si las condiciones reales de funcionamiento han sido menos severas que las previstas por el proyecto o acortarse si son más severas o se registrara algún fenómeno degradatorio que no estaba previsto. 

En definitiva, el CNS señala en su informe que la vida útil puede ser mayor que la de diseño, siempre que las condiciones reales de operación hayan sido menos severas que las supuestas en el diseño. Y si finalmente se concede la renovación del permiso de la planta burgalesa, según el organismo regulador, supondría "la extensión por primera vez de la vida de diseño de una central nuclear española por encima de los 40 años de operación".

Greenpeace: "El CNS no tiene ningún rigor"

Pero estas opiniones del CNS y el informe favorable a la prórroga de la actividad de la central de Garoña otros diez años que presentaron el pasado lunes no ha sentado nada bien a Greenpeace. Así, su responsable de energía nuclear, Carlos Bravo, denunció en Vitoria que el texto estaba "apalabrado" con el Ministerio de Industria, que será quien decida definitivamente sobre la continuidad o no de la central. 

"(El CNS) no tienen ningún rigor ni ningún carácter independiente", denunció Bravo antes de asegurar que el órgano público necesita una "reforma legal muy importante", ya que "la mayoría de sus consejeros son elegidos por cuestiones políticas". Además, sobre el citado informe, este portavoz señaló que estaba ya "precocinado" para "satisfacer los rendimientos económicos de una central de 257 millones de euros de volumen de negocio", y que "está amortizada" pese "al riesgo de sufrir un accidente".

Por otra parte, respecto a la situación de esta central nuclear, el responsable de energía nuclear recordó que, en su día, Garoña fue bautizada como "la centra de las 1.001 grietas", y señaló que en la actualidad, el "70% de sus tubos de penetración están agrietados" y que "el envolvente del núcleo, el barrilete, está partido por la mitad por la corrosión y fue arreglado chapuceramente". Además, Bravo denunció que durante este año, la central ha tenido nueve incidencias, de las que siete fueron notificadas por Nuclenor "de una manera un poco rara" mientras que las otras dos fueron conocidas gracias a los ecologistas.

Por todo ello, desde Greenpeace critican que el CSN "hace la vista gorda" ante los problemas de la centra, ya que Garoña no ha cumplido dos de los diez requisitos exigidos por el propio consejo para su continuidad, como son la sustitución de todos los cables eléctricos y la revisión de los ventiladores de emergencia. Unas carencias con las que "no se cumple la normativa actual, pese a lo que el CSN les pide cumplirlas a posteriori", explicó Bravo. 

Sobre la necesidad de esta central nuclear, este portavoz reafirmó la idea de que es "totalmente prescindible", ya que produce el 1,43% del total de la producción eléctrica del país y, de hecho, "el año pasado, Red Eléctrica exportó el triple de lo que produce Garoña anualmente. Además, informó de que su actividad genera 323 empleos directos, siendo el resto indirectos "que cualquier otra actividad industrial podría generar". A ese respecto, Bravo señaló que hasta que no se cierre la central, "otras actividades no querrán asentarse en Garoña por el riesgo a un accidente" y lo ejemplificó con el caso de Ascó, donde se "regalaron los terrenos, pero nadie quiso ir".

Concentraciones contra el cierre

Mientras, ante el posible cierre de esta central nuclear, los trabajadores de Garoña se concentraron hoy por primera vez para solicitar la continuidad de ésta, tal y como propone el CSN. Pero la de hoy es sólo la primera movilización convocada por el Comité de Empresa y su presidente, César González, señaló que no se descartan "nuevas concentraciones en los próximos días". 

Además, González explicó que no entienden que el informe del CSN no sea vinculante y dependan ahora del "capricho de una decisión política", a lo que añadió que el Comité "continuará luchando por el mantenimiento de los puestos de trabajo, toda vez que el organismo competente ha determinado que Garoña sea segura". 

"Nosotros estamos convencidos de que para generar empleo en este país, es necesaria la competitividad de las empresas, mediante el abaratamiento de la energía, cerrar la central Nuclear de Garoña sin razones técnicas que lo justifiquen, es hacer todo lo contrario", señalaron los empleados. Finalmente, el alcalde de Miranda del Ebro, el socialista Fernando Campo, señaló que, con independencia de cuál sea la decisión y cuándo se produzca el cierre de la central, desde el Ayuntamiento exigirán "que se prevea un plan de reindustrialización para toda la zona de afección".